La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) desmintió este jueves que la plataforma Uber cuente con autorización para operar en los aeropuertos del país, luego de que la empresa asegurara que posee una suspensión definitiva que le permite recoger pasajeros en dichas terminales.
 

A través de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), la dependencia informó que los servicios de transporte ofrecidos por aplicaciones móviles no tienen permiso expedido por la autoridad federal para prestar servicio en zonas aeroportuarias.
 

SUSPENSIÓN JUDICIAL, NO AUTORIZACIÓN OPERATIVA
 

La SICT precisó que el Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó a Uber una suspensión relacionada con los operativos que realiza la Guardia Nacional en aeropuertos, pero aclaró que esta medida no equivale a una autorización para operar en ellos.
 

“El Juzgado otorgó una suspensión para que los operativos de la Guardia Nacional se realicen conforme a la normatividad establecida en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su Reglamento, evitando que estos sean arbitrarios o discriminatorios; lo que no implica una autorización para la prestación de estos servicios”, puntualizó la dependencia.
 

LA SICT RATIFICA LAS RESTRICCIONES VIGENTES
 

La Secretaría, encabezada por Jesús Esteva, reiteró que los únicos servicios autorizados para operar dentro de los aeropuertos son los taxis concesionados, servicios turísticos y autobuses con rutas aprobadas hacia puntos específicos.
 

Con esta aclaración, la autoridad busca poner fin a la confusión generada por las declaraciones de Uber, que afirmó haber obtenido un fallo judicial que le permitía ofrecer servicios de transporte dentro de las terminales aéreas.
 

DISPUTA LEGAL EN CURSO
 

La controversia entre la plataforma y el Gobierno federal se mantiene abierta. Uber promovió un amparo tras los operativos implementados por la Guardia Nacional para sancionar a conductores que ofrecen servicios de transporte sin autorización en aeropuertos.
 

Mientras el proceso judicial continúa, la SICT insistió en que ninguna empresa de aplicación cuenta actualmente con permiso para subir o recoger pasajeros dentro de las instalaciones aeroportuarias del país, y exhortó a los usuarios a utilizar únicamente los servicios formalmente autorizados.

La función Antigüedad del Usuario muestra la calificación del pasajero junto al número de viajes completados en Uber, indicado entre paréntesis. Por su parte, las Zonas de Alerta señalan, mediante un ícono y color café, puntos de recogida o destino potencialmente riesgosos, basándose en datos públicos, reportes de conductores y registros de la plataforma.

Cecilia Román, gerente de Comunicación de Seguridad de Uber México, destacó que estas mejoras responden a la retroalimentación de los conductores potosinos, quienes valoran tener más información para tomar decisiones. Las actualizaciones permiten a los conductores dejar expirar solicitudes sin afectar su tasa de aceptación, complementando medidas de seguridad como verificación por PIN, grabación encriptada, cobertura de seguros y soporte 24/7.

Uber también implementa verificación de identidad, filtros de fotografía, detección de registros duplicados mediante inteligencia artificial y una política contra nombres inapropiados. Estas acciones refuerzan la seguridad y confianza de los conductores en San Luis Potosí, manteniendo la calidad del servicio para los usuarios.

El aumento varía según la ciudad y el tipo de servicio, y se reflejará en los recibos como “Ajuste al usuario por ley laboral”. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) calificó la medida como “unilateral e irresponsable”, argumentando que Uber no presentó un análisis técnico que justifique el alza, ya que el impacto económico de la reforma aún no está claro.

Uber expresó su disposición a dialogar con las autoridades para abordar el tema.

La titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta, señaló que esta revisión forma parte del plan del nuevo Consejo Estatal de Transporte. El objetivo, dijo, es evitar una afectación mayor a la vialidad y atender la necesidad urgente de orden en el sistema de movilidad.

Martínez Acosta insistió en que cualquier decisión será respaldada por estudios técnicos que definan cuántas unidades pueden operar sin provocar caos vehicular. También adelantó que se trabajará con el Congreso local en ajustes legales que brinden equidad a usuarios y prestadores del servicio.

Sin embargo, mientras las autoridades se limitan a los diagnósticos, la operación de plataformas digitales sigue fuera de una regulación clara, afectando tanto a taxistas como a usuarios, quienes enfrentan condiciones dispares sin un marco normativo eficaz.

La protesta surgió en respuesta no solo a este accidente, sino también al aumento de actos de violencia y accidentes que afectan a los repartidores. Desde hace semanas, conductores de estas plataformas han pedido al Gobierno del Estado que implemente medidas de seguridad que les permitan trabajar con mayor protección y seguridad.

El atropello, ocurrido en la intersección de la avenida 20 de Noviembre y la calle Juan Álvarez, fue el detonante para que los repartidores se congregaran en la zona, exigiendo justicia tanto para su compañero como para todos los trabajadores de plataformas digitales que enfrentan situaciones de riesgo en su labor diaria.

Al resistir el robo, los delincuentes dispararon contra el conductor, hiriéndolo. A pesar de las lesiones, el chofer logró mantenerse consciente y contactó a sus compañeros de trabajo para pedir ayuda, permaneciendo dentro de su auto hasta que llegaron los servicios de emergencia.

El conductor fue trasladado a un hospital, donde se reporta en estado estable, aunque continúa bajo atención médica para tratar la herida provocada por el disparo.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para dar con los responsables de este violento ataque, aunque no se cuenta con ninguna pista d los criminales. El incidente ha generado preocupación entre los trabajadores del sector de transporte privado, quienes exigen mayor seguridad en la zona.

Martínez Acosta fue enfática al declarar que “No hay una sola empresa de plataforma digital que brinde el servicio de transporte registrada en el padrón y mientras sus unidades no estén regularizadas se considerará que realizan sus operaciones de manera ilegal”

La SCT ha identificado, a través de operativos de inspección y vigilancia, que al menos cuatro empresas digitales están ofreciendo este tipo de servicio de transporte en el estado sin contar con la debida autorización. Los operativos, que se realizan desde las 10:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, permiten a la autoridad proceder únicamente contra los vehículos, remitiéndolos a un patio de resguardo.

Contrario a los argumentos presentados por las empresas y operarios, la funcionaria reiteró que ninguna de estas plataformas ha iniciado el proceso de registro ante la SCT. Este registro, explicó, tiene como principal objetivo garantizar la seguridad, ya que proporciona un control sobre la identidad y características de los conductores, algo crucial en caso de que ocurran incidentes delictivos.

La titular de la SCT concluyó subrayando que, hasta que no se regularice su situación, las plataformas continuarán operando de manera ilegal en el estado.

Los primeros informes indican que el estudiante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) tuvo un accidente de tráfico en la avenida Universidad con uno de los agresores. Aunque el percance fue atendido inicialmente por la policía de tránsito, minutos después, una cámara de seguridad captó el momento en que cinco sujetos persiguieron al joven y lo agredieron brutalmente; uno de ellos incluso utilizó un tubo de metal para golpearlo.

La brutal golpiza dejó al estudiante inconsciente y con heridas graves, por lo que fue trasladado al hospital, donde permanece bajo observación. La gravedad de sus lesiones ha movilizado a amigos, familiares y a la comunidad en redes sociales, quienes piden la intervención de las autoridades para encontrar y castigar a los responsables de este violento ataque que puso en riesgo la vida del joven.

Gracias a las imágenes captadas por una cámara de seguridad y otros videos del accidente, ya se han identificado a algunos de los sospechosos involucrados en la agresión. Se espera que, tras la denuncia formal, las autoridades puedan reunir las pruebas necesarias para proceder legalmente y asegurar que se haga justicia en este caso.

Álvarez Gallegos destacó que los taxistas deben cumplir con múltiples requisitos, pagar impuestos y obtener licencias, además de realizar estudios médicos y de impacto ambiental. En contraste, las plataformas solo requieren un vehículo y un teléfono. Los taxistas también critican que las plataformas no pagan impuestos y reciben beneficios como licencias gratuitas, mientras que ellos deben pagar dos veces por los trámites.

La reciente violencia entre taxistas y conductores de Uber, que resultó en cinco detenidos y cinco heridos, ha intensificado las protestas. Los taxistas afirman que su protesta no es contra las aplicaciones en sí, sino contra la falta de regulación y la opacidad gubernamental. Según Álvarez Gallegos, la competencia desleal afecta tanto a los taxistas como a sus familias, y se quejan de que las aplicaciones operan fuera de la ley sin la debida regulación.

Los taxistas exigen que las plataformas se sometan a las mismas regulaciones que ellos y denuncian posibles conflictos de interés entre políticos y las plataformas de transporte. Insisten en que, si ellos han sido regulados rigurosamente, las aplicaciones deben ser reguladas de manera similar para garantizar una competencia justa.

Martínez Acosta explicó que la complicada reglamentación para estas plataformas ha retrasado su implementación, lo que ha provocado tensiones. En el caso del 6 de agosto, la funcionaria detalló que el enfrentamiento comenzó cuando taxistas rodearon un vehículo particular que estaba siendo revisado por los inspectores en un operativo legal. Aseguró que los elementos de la SCT no iniciaron la violencia.

La secretaria también recordó que la Ley de Transporte exige que las plataformas registren a sus socios y operen bajo ciertos lineamientos. Además, explicó que la regularización de estas plataformas ha sido un tema pendiente desde administraciones anteriores, lo que ha derivado en conflictos entre taxistas y conductores de Uber en varias ocasiones.