Entre los cambios destacados se encuentra la prohibición de otorgar suspensión en casos de bloqueos de cuentas ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como en procedimientos relacionados con conductas ilícitas que puedan afectar el sistema financiero, o en casos de revocación de permisos, concesiones o autorizaciones federales.

La reforma también limita el recurso de revocación, al establecer como supuestos de improcedencia los créditos fiscales firmes y determinaciones sobre prescripción, además de cuando el contribuyente manifieste desconocer el acto. Asimismo, introduce como criterios a considerar el interés social, el orden público y amplía de 60 a 90 días el plazo para que un juez emita fallo.

Durante la discusión, se registraron votos diferenciados dentro de las bancadas: la diputada Olga Sánchez Cordero fue la única morenista en abstenerse; en el PT, Martha Araceli Cruz votó en contra mientras que Marian Durán y Javier Vázquez se abstuvieron; por el PVEM, Ana Erika Santana también se pronunció en contra.

La Oposición sostuvo que la reforma restringe el acceso a la defensa judicial frente a actos de autoridad y debilita el papel del amparo como herramienta de protección de derechos. En contraste, legisladores de Morena y aliados afirmaron que los cambios buscan evitar abusos y agilizar los procesos judiciales.

La discusión en lo particular continuará para definir los artículos reservados y eventuales modificaciones antes de su envío al Senado.

Según el fallo, García Luna deberá cubrir 748 millones de dólares, mientras que su esposa está obligada a pagar 1,740 millones. Ambos fueron señalados por participar en la simulación de contratos públicos que desviaron recursos a través de empresas vinculadas a su entorno familiar y profesional.

La demanda fue presentada en septiembre de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que evidenció cómo se otorgaron al menos 30 contratos con dependencias de seguridad, generando un desfalco superior a 745 millones de dólares en perjuicio de la hacienda pública.

El juicio se celebró en Miami debido a que García Luna permanece preso en Nueva York por delitos federales. En 2024, fue condenado a más de 38 años de prisión por conspiración, tráfico de drogas y colaboración con el Cártel de Sinaloa durante el sexenio de Felipe Calderón.

“La Suprema Corte de Justicia ha perdido la imparcialidad”, afirmó contundentemente Nieto Castillo durante su participación. “Es un principio constitucional, establecido en el artículo 100, que los jueces deben ser independientes e imparciales. Lo que estamos viendo con la ministra Norma Piña ha sido una corte contraria al poder ejecutivo”.

Nieto Castillo subrayó la importancia de que el Poder Judicial actúe como un control sobre los otros poderes, pero sin convertirse en una oposición constante. “Es evidente que el Poder Judicial es un poder que tiene que controlar a los otros poderes, pero eso no significa que tiene que ser contraria y una oposición constante como ahorita sucede”, finalizó.

Encabezando la protesta se encontraba Jorge Lozano Armengol, ex panista, quien expresó su firme oposición a la propuesta de reforma del Poder Judicial que busca la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular. Lozano Armengol argumentó que esta medida podría comprometer la independencia judicial y abrir la puerta a influencias indebidas, sugiriendo que podría resultar en una administración de justicia sesgada y comprometida.

“Ya quiero ver si este gobierno, desde que inició está protegiendo a los narcos con los abrazos y no balazos, y hoy tenemos más crímenes que nunca en la historia, hoy quiere que tengamos jueces patrocinados por los narcotraficantes”.

Destacó que con estas reformas quieren que los criminales hoy sigan siendo “abrazados” en lugar de que se cumpla la ley en contra de ellos, por ellos rechazó esta propuesta de elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular, pues consideró que sería un fracaso la justicia en este país, ya que aunque el Poder Judicial sí requiere algunas reformas, estas deben de enfocarse en otros aspectos.

“¿Por qué no piensan en perfeccionar el Poder Ejecutivo y no en otros poderes?, han acusado de malversación de fondos, de corrupción a muchas instancias, pero no han comprobado nada, y a ellos sí se les ha comprobado y no han hecho absolutamente nada; a nosotros lo que nos parece es que no debe de ser que puede haber, si son electos por el pueblo los jueces, jueces patrocinados por los mismos delincuentes”.

Finalmente, consideró que estos foros son una simulación, además criticó la cantidad de ciudadanos que trajeron acarreados los morenistas, y no están por su voluntad, “todo esto es parte de una simulación, como muchas otras que hay en este Gobierno Federal, cuando el país es un desastre, y la ciudadanía tiene que detener este tipo de situaciones”.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este miércoles 3 de julio en Palacio Nacional, Pablo Gómez recordó que el gobierno de México reclama un daño de 634 millones de dólares y explicó que hasta la fecha se han logrado recuperar a la Tesorería de la Federación alrededor de 2 millones de dólares.

Gómez explicó que el juicio civil contra García Luna –detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico- está en etapa de descubrimiento probatorio, donde las partes recaudan o aportan evidencias para probar sus acusaciones o su defensa.

La demanda ante la Corte de Florida es independiente del proceso penal iniciado por autoridades estadounidenses contra García Luna, quien fue declarado culpable de narcotráfico y está a la espera de que se le dicte sentencia.

“El juicio tiene como propósito romper la maldición de que quien roba al pueblo no regresa nada, es terminar con una tradición de funcionamiento del Estado corrupto”, dijo.

Gómez dijo que desde enero pasado fue detenido en España Jonathan Alexis Weinberg, presunto integrante de la red de corrupción de García Luna en México, cuya extradición ya fue solicitada por el gobierno de México.

En seguimiento a la demanda civil que el Gobierno de México presentó el 21 de septiembre de 2021 contra el exsecretario de Seguridad Pública y su esposa para recuperar estos activos, la UIF indicó en un comunicado:

“Ayer 4 de octubre 2023, la Juez Lisa Walsh ordenó la entrega de los bienes de la empresa Delta Integrator reclamados por el Gobierno de México, al acreditarse por la parte mexicana que los demandados incurrieron en default (falta) al omitir concurrir al juicio”.

La UIF afirmó que la juez ordenó trasladar al gobierno de México en un plazo máximo de 10 días, a través de los abogados de García Luna, los bienes de la empresa, que ascienden a 1 millón 968 mil 250 dólares con 25 centavos, por tres inmuebles ya liquidados.

Además, otro departamento en Miami, Florida, con un precio aproximado de 555 mil 800 dólares, que aún no ha sido liquidado.

“En total, la juez ha ordenado la entrega a México de 2 millones 524 mil 50 dólares, es decir, unos 44 millones de pesos mexicanos, procedentes de la venta de inmuebles que fueron adquiridos en Florida, EU, por García Luna y Linda Cristina Pereyra con dinero procedente de la trama corrupta organizada por ambos contra el gobierno de México”.

La anterior es una primera recuperación de activos en Florida, productos de actos de corrupción de la “banda que organizó García Luna” y que operó durante más de 10 años, durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Los recursos repatriados serán destinados de conformidad con las leyes vigentes en beneficio del pueblo de México, dijo la UIF.

Afirmó que el juicio civil en el que el gobierno de México reclama más de 600 millones de dólares no ha terminado aún.