Ante la posibilidad de impugnar la resolución, un proceso que podría extenderse por meses, la LSOM planea iniciar de manera paralela un nuevo juicio por la titularidad del contrato. La organización sindical aseguró cumplir con los requisitos necesarios, como el registro vigente, el número de afiliados y su presencia dentro de la empresa.

“La resolución judicial no resuelve el conflicto, solo retrasa la votación. Este episodio nos reafirma que debemos continuar organizándonos y fortaleciendo nuestra base. La meta es clara: recuperar lo que los trabajadores han perdido por la corrupción y la falta de representación”, declaró la Liga en un comunicado.

La LSOM también señaló que la CTM busca confundir a los empleados mediante la difusión de información sobre la resolución judicial, y reiteró su compromiso de garantizar mejores condiciones laborales en Contitech. Entre sus objetivos destacan el establecimiento de prestaciones y estándares de trabajo alineados con las mejores prácticas del sector del hule.

El 11 de diciembre será una fecha crucial en este proceso, mientras la LSOM trabaja por consolidar su apoyo entre los empleados de la empresa. La organización subrayó que su lucha no solo busca la representación sindical, sino también asegurar un futuro laboral digno para los trabajadores de Contitech.

Este proceso electoral está siendo coordinado y supervisado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en colaboración con el Patronato y los bomberos operativos. La votación busca ajustar las condiciones laborales para mejorar el desempeño y bienestar del personal.

En respuesta, los bomberos han presentado una contrapropuesta que sugiere jornadas de 24×48: trabajar 24 horas continuas seguidas de dos días de descanso. Según los bomberos, este esquema se ajusta mejor a las demandas y naturaleza de su trabajo, permitiendo que se completen las 48 horas semanales requeridas por la ley en dos turnos.

Este proceso surge en el contexto de un conflicto laboral que ha afectado al Cuerpo de Bomberos. Néstor Eduardo Garza Álvarez, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), informó que el Patronato Pro Cuerpo de Bomberos presentó una propuesta de ajuste a la jornada laboral, la cual fue sometida a revisión para asegurar que cumpla con la normativa legal vigente.

Para garantizar un proceso justo y transparente, se organizarán foros informativos dirigidos a los bomberos. En estos foros, se les presentará la propuesta detalladamente, con el fin de que puedan votar de manera directa, libre e informada. La STPS se encargará de verificar y asesorar tanto en las sesiones informativas como en los centros de votación, además de resguardar las urnas.

El resultado de la votación será registrado en un acta oficial y publicado en las estaciones de bomberos. Si los bomberos aceptan la modificación, se actualizarán los contratos individuales, reconociendo la antigüedad laboral y garantizando la transparencia en los salarios. En caso de rechazo, el Patronato tendrá un plazo de 24 horas para presentar una nueva propuesta, repitiendo el proceso de votación hasta alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambas partes.

El presidente de la Comisión de Gobernación del Poder Legislativo, diputado José Luis Fernández Martínez, señaló que ha sido un proceso largo y profundo, que implicó la realización de un Plebiscito a los habitantes de San Luis Potosí. “Estamos en espera de la notificación oficial del Tribunal Colegiado para llevarlo a la discusión al pleno y votar”, afirmó el legislador.

Fernández Martínez indicó que vienen cosas buenas para los habitantes de Villa de Pozos: “De alguna manera ellos van a administrar de manera propia y libre los recursos que genera la propia Delegación. Si bien es cierto, genera ingresos propios a través del impuesto predial y de los servicios que presta un ayuntamiento, no es la única fuente de ingresos”.

El diputado añadió que también existen participaciones del orden federal y estatal a las que la gente de Pozos tiene derecho. De acuerdo con un estudio realizado con el ejercicio fiscal 2022, el presupuesto con el que iniciaría este nuevo municipio sería superior a los 500 millones de pesos, cantidad que se considera suficiente para prestar buenos servicios y realizar importantes inversiones públicas en infraestructura.

Fernández Martínez explicó que es necesario esperar la decisión oficial del Tribunal Colegiado, que se entiende es negar la suspensión definitiva a los quejosos. “Una vez que ya está esto, traer de nuevo el dictamen y adecuar los artículos transitorios, que eran los que hablaban precisamente de cómo se iba a instalar el Concejo Municipal y cómo se le iba a entregar a la primera autoridad electa por la vía de elecciones populares; habrá que actualizar esos artículos transitorios”, detalló.

El diputado Fernández Martínez enfatizó que se hará un esfuerzo para que el dictamen esté listo lo más pronto posible: “Es una buena noticia para los habitantes de Pozos, sobre todo para los que han dado esta lucha durante tantos años y creemos que estamos prontos a concluir este proceso”.

El legislador también criticó las suspensiones legales que retrasaron el proceso: “Desde el día uno que fuimos notificados de la suspensión, advertíamos que no había el suficiente soporte legal, esos asuntos ni siquiera debieron haberlos admitido los jueces, mucho menos conceder sus suspensiones, pero lo hicieron y provocaron un daño importante, porque la intención de esta Soberanía era darle la oportunidad a la gente de Pozos de elegir a sus autoridades en el proceso electoral de 2024”.

Finalmente, Fernández Martínez reafirmó que el Congreso tenía todas las facultades para llevar a cabo este procedimiento, cumpliendo con los requisitos constitucionales para erigir un nuevo municipio. “Por lo tanto, ya tenemos listo un dictamen que está disponible para votarse en cualquier momento”, concluyó.

La líder del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Central, Claudia Lizeth Cisneros Aguilera, explicó que la negativa a la huelga se da a pesar de los fuertes adeudos de la autoridad del hospital en concepto de pagos al Infonavit e IMSS.

En un informe videograbado, Cisneros Aguilera lamentó que no se alcanzara la mayoría requerida para tomar una acción definitiva, señalando la necesidad de 250 votos adicionales. A pesar de ello, aseguró que seguirán con las estrategias y sesiones para abordar los problemas laborales y financieros del hospital.

Esta decisión se produce tras una votación similar realizada en febrero pasado, donde también se rechazó la huelga. Los trabajadores, una vez más, expresaron su negativa ante la posibilidad de un paro laboral, reafirmando su compromiso con el sistema sanitario y la defensa de sus derechos laborales.