La administración actual de la Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí se encuentra en medio de una compleja batalla legal frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT). El origen de la disputa es una deuda impositiva que sobrepasa los 1,600 millones de pesos
Desde las inconsistencias fiscales que detonaron el reclamo federal se remontan al ejercicio de 2018 se carga con este problema que ha ido en aumento.
De acuerdo con la postura de los funcionarios actuales no es responsabilidad de la gestión en turno, sino una carga financiera heredada de la administración gubernamental anterior.
La Secretaría de Finanzas ha optado por la vía del litigio para intentar esclarecer el estado de las cuentas y defender el erario estatal. El objetivo de la defensa legal es determinar la validez de los cobros exigidos y buscar una resolución que no asfixie las finanzas públicas de la entidad, las cuales se ven comprometidas por decisiones tomadas hace más de cinco años.
Este enfrentamiento resalta el uso del litigio estratégico para gestionar deudas institucionales. Mientras el proceso avanza en los tribunales, el gobierno estatal mantiene su discurso de deslinde, señalando que el “pleito fiscal” es el resultado directo de omisiones del pasado que ahora obligan a una intervención jurídica de gran escala.














