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30 marinos son acusados por violaciones graves a derechos humanos

La FGR pidió la orden de aprehensión por su presunta vinculación en los casos de José Luis Bautista Carrillo y Julio César Viramontes Arredondo.

José Luis Bautista Carrillo, de 30 años, fue capturado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) el 16 de mayo de 2018. Se encontraba en una fiesta en un yonque acompañado de su esposa y otros amigos, vendedores de coches como él, cuando irrumpieron los uniformados y se lo llevaron. Nadie lo volvió a ver. Su caso no es único. Tres meses antes, el 19 de febrero, Julio César Viramontes Arredondo, de 23 años, también desapareció después de ser embestido por un vehículo de marinos con las placas modificadas.

Ahora, tres años después de aquellos hechos, 30 elementos de la Armada están en prisión a la espera de que un juez de Reynosa, Tamaulipas, los vincule a proceso por desaparición forzada.

La orden de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Investigación de los delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República (FGR). Según un comunicado de la Semar, el 9 de abril fueron puestos a disposición de las autoridades, aunque la Armada aseguró erróneamente que se trataba de un caso de 2014.

Un día después, el 10, se celebraron las audiencias iniciales de formulación de imputación. En ellas, el personal de Marina y sus defensas solicitaron que su situación jurídica sea resuelta en el plazo constitucional de 144 horas.

No se ha hecho pública la identidad de los detenidos ni su escalafón al interior de la Armada.

“Lo que quiero es que se judicialice mi caso y que se dicten las órdenes de aprehensión”, dijo Ericka Janeth Castro Martínez, de 30 años. Ella es la esposa de José Luis Bautista Carrillo y estaba con él cuando desapareció. Por eso sabe que fueron los marinos. Porque ella estaba ahí, en la fiesta en el yonque, cuando llegaron los marinos disparando. “Me siento cada día más desesperada y más decepcionada porque, en mi caso, hay demasiadas pruebas: hay videos, hay muchas fotos, mucha evidencia”, protestaba.

En un primer momento las autoridades negaron la mayor, aunque para junio de 2018 el gobierno de Enrique Peña Nieto ya había anunciado que 265 elementos navales habían sido desplazados desde Tamaulipas hasta Ciudad de México. En este periodo se multiplicaron las voces que señalaban a la Armada: desde la ONU hasta la CNDH, pasando por Amnistía Internacional (AI).

Desde entonces, la sospecha acompañó a los integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales (UOPES), la unidad de élite que se encarga de los grandes operativos contra el crimen organizado en México. El miedo de las familias de los desaparecidos siempre ha sido la impunidad. Ahora se abre una puerta para sus dos principales objetivos: conocer el paradero de sus seres queridos y que se castigue a aquellos que se los llevaron.

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