El despacho COEL&COEF, en una conferencia impartida en la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), expresó serias dudas sobre la legalidad y constitucionalidad del impuesto sobre emisión de gases contaminantes, que se espera implementar en San Luis Potosí a partir del 10 de junio.
Se destacó que existen elementos de ilegalidad e inconstitucionalidad en la imposición de este impuesto, entre ellos, la falta de emisión del reglamento correspondiente, lo que incumple el principio de “confianza legítima” al no otorgar tiempo suficiente a los contribuyentes para conocer las regulaciones.
El despacho legal señaló que la cuota determinada de 3 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) carece de justificación legal y resulta desproporcionada en comparación con otros estados, lo que podría generar tributaciones excesivas para las empresas.
Además, se resaltó la invasión de competencias al requerir a las empresas reportar datos sobre el consumo de combustibles, lo cual podría estar fuera de las competencias estatales y federales, generando condiciones de desigualdad y sobrerregulación para ciertas empresas.
Ante estos cuestionamientos, se sugirió a los sujetos obligados considerar la posibilidad de recurrir al juicio de amparo directo en los primeros 30 días a partir de la entrada en vigor del impuesto, y posteriormente dentro de los 15 días siguientes a la primera aplicación de los efectos del impuesto hacia la empresa.
