La organización Ciudadanos Observando ha denunciado una estrategia de intimidación por parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí contra los ciudadanos que tienen adeudos en el impuesto predial. Según la denuncia, el gobierno municipal ha comenzado a enviar cartas a los deudores, exigiendo el pago inmediato bajo amenaza de embargo, con un cargo adicional de 542 pesos con 85 centavos, que se suma al monto original de la deuda.
Ciudadanos Observando criticó al alcalde Enrique Galindo Ceballos, sugiriendo que estas medidas no se implementaron sino hasta después de que se asegurara su reelección. La organización ha recibido numerosos reportes de ciudadanos que se sienten acosados por estas notificaciones, las cuales no solo incluyen la deuda principal, sino también multas y recargos que pueden duplicar o triplicar el total a pagar. En uno de los casos reportados, una deuda inicial de 434 pesos se elevó a mil 204 pesos tras agregar la multa, el costo de la carta y otros recargos.
La organización comparó estas tácticas con las empleadas en administraciones anteriores, destacando la similitud con los métodos coercitivos utilizados durante el gobierno de Victoria Labastida, cuando se llegaron a pegar notificaciones en las puertas de las viviendas en grandes calcomanías, también con amenazas de embargos.
Aunque Ciudadanos Observando subraya la importancia de que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones fiscales, también cuestiona la falta de reciprocidad del Ayuntamiento al no proporcionar servicios públicos de calidad. La organización enfatiza que, antes de recurrir a métodos intimidatorios para recaudar impuestos, el gobierno municipal debería enfocarse en ofrecer seguridad, mantener las calles en buen estado y garantizar un buen alumbrado público, además de gestionar los recursos de manera honesta.
La denuncia también cuestiona la actuación del Director de Ingresos, Luis Manuel Martínez Camacho, señalando que estas medidas no se implementaron durante la campaña electoral de Enrique Galindo. Además, Ciudadanos Observando informó que los afectados pueden impugnar estos cargos ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).
En un tono crítico, la organización invitó a los ciudadanos a exigir al Ayuntamiento un mejor desempeño en la prestación de servicios, sugiriendo que los residentes deberían poder cobrar al gobierno municipal por cada deficiencia en los servicios públicos, como baches no reparados o luminarias defectuosas, aplicando un costo similar al que se impone por las cartas de cobro del predial.
