Un grupo de ciudadanos denunció presuntas acciones ilegales realizadas por funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en San Luis Potosí, señalando específicamente a Ciro Hernández Sánchez como responsable de los operativos cuestionados. La protesta, que incluyó acusaciones de decomisos irregulares de transporte de carga, ha dejado abierta la incertidumbre sobre la intervención de las oficinas centrales de la dependencia.
Los manifestantes exigieron esclarecer un operativo en el que se habría confiscado de manera irregular un camión dedicado al transporte de material pétreo. Tras el diálogo, las partes involucradas acordaron devolver la unidad a su propietario y finalizar el procedimiento administrativo iniciado en su contra. Sin embargo, los afectados insisten en la necesidad de que las autoridades federales revisen el actuar de los funcionarios locales para evitar futuros abusos.
La encargada de despacho de la PROFEPA en el estado, Marcela Hernández Arista, también fue señalada por presuntamente encubrir las acciones de Hernández Sánchez. Hasta ahora, no ha ofrecido declaraciones públicas ni accedido a entrevistas para aclarar la situación.
Además de los transportistas, trabajadores de la dependencia han denunciado represalias tras exponer posibles abusos y señalar irregularidades en los operativos. Estos empleados demandan la intervención de altos funcionarios para regularizar su situación laboral y garantizar un ambiente de trabajo justo.
Los afectados recalcan que los operativos irregulares afectan no solo a quienes desconocen la normativa ambiental, sino también a las actividades económicas vinculadas al transporte y suministro de materiales de construcción, un sector clave en la región.
