Pese al llamado urgente del delegado estatal de Bienestar, Guillermo Morales, para prevenir fraudes que apuntan principalmente a personas adultas mayores y mujeres vulnerables, el mensaje resulta más como un acto reactivo que una estrategia efectiva. La advertencia, publicada en redes oficiales, no aborda el fondo del problema: ¿por qué persisten estas estafas en territorio potosino?
Según el funcionario, los delincuentes hacen creer ofrecer bonos extraordinarios o apoyos para madres solteras a cambio de depósitos en tiendas de conveniencia. Además, anunció un protocolo de control —incluye identificación con gafete y registro previo— para el programa “Salud Casa por Casa”. Todo ello suena bien, pero ¿hasta qué punto este aparato preventivo ha sido eficaz o simplemente un escudo mediático?
Un informe reciente del Banco del Bienestar alertó que los fraudes continúan mediante llamadas telefónicas y exigencias de pagos de hasta 300 pesos para recibir tarjetas destinadas a adultos mayores. La situación evidencia un alcance grave, especialmente en zonas rurales donde el uso de la banca electrónica es limitado. Y en San Luis Potosí ya se han detectado casos en municipios como Ciudad Valles, donde fake managers se aprovechan del desconocimiento de los beneficiarios.
¿Dónde estaba el delegado cuando estos esquemas crecían sin freno? Resulta evidente que la alerta sirvió más para cubrir una falla de prevención y comunicación institucional, que para detener a los estafadores. La coordinación con la Policía Cibernética y las campañas informativas son pasos tardíos en un entorno donde la prevención debió ser constante.
El delegado asegura que todos los apoyos son gratuitos y que ningún programa oficial admite pagos. Sin embargo, el problema real va más allá de advertencias genéricas: requiere facultades para sancionar, monitoreo efectivo de fraudes y, sobre todo, empatía con los afectados. Llamar a estar “alertas” no reemplaza a asumir responsabilidad y actuar con transparencia.
Mientras tanto, los adultos mayores y madres solteras siguen siendo los más expuestos. Alertas oficiales sin respaldo real pueden quedar disueltas en un mar de mensajes oficiales que no generan confianza. El delegado debería responder: ¿qué logros concretos ha obtenido? ¿Cuántos fraudes se han detenido? ¿Cuántos culpables se han llevado ante la justicia?
En suma, este llamado preventivo luce insuficiente si no va acompañado de resultados tangibles. El titular de Bienestar debe dejar de centrar su discurso en alertas y enfocarse en acciones claras —como denuncias formales, operativos coordinados con fiscalía y capacitación constante— para garantizar que los apoyos federales realmente lleguen a quienes lo necesitan, sin caer en manos de delincuentes.
