El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó, con 21 votos a favor, seis en contra y ninguna abstención, la reforma constitucional que transfiere el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Esta decisión, alineada con la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno federal, fue adoptada en una sesión ordinaria que reflejó un debate entre las distintas fuerzas políticas.
Los diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se opusieron a la reforma, argumentando que el enfoque militar de la seguridad pública ha mostrado deficiencias. En sus intervenciones, los legisladores señalaron que, a pesar de los esfuerzos de la Guardia Nacional, la violencia ha aumentado en varias regiones del país. Además, argumentaron que los soldados no están capacitados para labores de prevención y señalaron que la militarización solo perpetúa un enfoque de combate que no aborda las causas de la violencia.
Por otro lado, los diputados de los partidos Morena y Verde respaldaron la reforma, argumentando que la seguridad pública requiere de un fortalecimiento institucional y la Guardia Nacional, bajo el mando de la SEDENA, puede brindar el control necesario. Carlos Arreola Mallol, diputado de Morena, criticó a la oposición, alegando que su rechazo obedece a intereses políticos.
Héctor Serrano Cortés, del Partido Verde, argumentó que la intervención del Ejército ha sido solicitada en múltiples ocasiones por gobiernos locales y municipales, demostrando la confianza en la institución castrense. Recalcó que la propuesta no debe verse como una militarización, sino como una acción necesaria para frenar la violencia que afecta a la población.
Durante la sesión, también se recordaron los problemas de las administraciones anteriores, señalando que programas como el Subsemun, que distribuía fondos para la seguridad en municipios, fueron ineficaces y dejaron a muchas localidades sin recursos para enfrentar al crimen organizado.
La aprobación de esta reforma en San Luis Potosí se suma a la de otras entidades que han respaldado la medida, como Baja California, Guerrero, Tamaulipas, entre otras. En las próximas semanas, se espera que el Congreso Federal consolide el proceso legislativo, lo que formalizará la transferencia de la Guardia Nacional a la SEDENA a nivel nacional.