La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión a emitir la Ley General de Extorsión, cuyo propósito es homologar la definición del delito en todo el país, fortalecer la prevención y asegurar una atención integral a las víctimas.
El diputado federal David Azuara señaló que la legislación debe traducirse en resultados concretos y no en discursos, colocando a las víctimas como prioridad. “México necesita un marco uniforme, eficaz y con visión integral para combatir este delito que ha crecido sin control”, afirmó.
De acuerdo con cifras oficiales, la extorsión es uno de los delitos de mayor impacto social y económico. En los últimos seis años, los casos aumentaron en más de 57 por ciento, alcanzando en 2023 cerca de 4.9 millones de incidentes, con un costo aproximado de 124 mil millones de pesos para las empresas. La nueva ley contempla sanciones equiparables a las del secuestro y medidas contra servidores públicos omisos o coludidos.
La propuesta también prevé la creación de fiscalías especializadas, protocolos de atención inmediata, asesoría jurídica, reparación integral del daño y un registro nacional de extorsión, además de evaluaciones anuales y observatorios ciudadanos para garantizar la rendición de cuentas. El Congreso tendrá un plazo de 180 días para emitir la Ley General, mientras continúan vigentes las disposiciones federales y locales.
