Con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones, el Pleno aprobó en lo general las modificaciones impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum
Con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo, una de las iniciativas más controvertidas de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, por su impacto en los mecanismos de defensa ciudadana frente a actos de autoridad.
La votación reflejó fracturas inusuales dentro de la mayoría oficialista, pues Olga Sánchez Cordero, diputada de Morena y expresidenta del Senado, se abstuvo tras criticar el contenido de la reforma. En el PT, la diputada Martha Araceli Cruz votó en contra, mientras que Marian Durán y Javier Vázquez se abstuvieron. En el PVEM, Ana Erika Santana también votó en contra.
CAMBIOS CENTRALES A LA LEY DE AMPARO
La reforma redefine conceptos clave y modifica varios procedimientos del juicio de amparo. Entre los puntos más relevantes destacan:
Redefinición del interés legítimo, acotando quién puede promover un amparo.
Restricción a la suspensión provisional: se prohíbe en casos de bloqueo de cuentas bancarias ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en conductas ilícitas que puedan dañar el sistema financiero y en la revocación de permisos, concesiones o autorizaciones federales.
Limitación del recurso de revocación, que ahora será improcedente ante créditos fiscales firmes o actos que el contribuyente haya desconocido previamente.
Introducción de los conceptos “interés social”, “orden e interés público” como criterios para que los jueces decidan si conceden una suspensión.
Ampliación del plazo de resolución, que pasa de 60 a 90 días.
Según la exposición de motivos, el objetivo es “modernizar el juicio de amparo” y “evitar el uso abusivo de suspensiones que frenen obras públicas o proyectos estratégicos”.
OPOSICIÓN DENUNCIA “GOLPE A LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS”
Las bancadas de PAN, PRI, MC y PRD denunciaron que la iniciativa debilita la protección judicial de los ciudadanos frente al poder público, restringe el acceso a la suspensión y subordina el interés legítimo al interés político del Estado.
El panista Germán Martínez recordó que figuras hoy cercanas a Morena —como Ricardo Monreal, Luisa Alcalde y Ricardo Mejía Berdeja— habían defendido en 2013 el papel del amparo como “último resguardo de los derechos humanos”.
“La reforma ablanda la defensa de derechos reconocidos internacionalmente, achica el interés legítimo y restringe la suspensión del acto autoritario”, advirtió Martínez.
El priista Emilio Suárez Licona agregó que esta reforma “resquebraja la última línea de defensa ciudadana frente al Estado”, señalando que comunidades originarias y grupos afectados por omisiones gubernamentales tendrán ahora más obstáculos para ampararse.
“Habrá que explicarles a los damnificados de Veracruz, Puebla o Hidalgo que sus agrupaciones vecinales tal vez no puedan combatir, vía amparo, la falta de respuesta del Gobierno ante las tragedias”, sostuvo.
MORENA Y ALIADOS DEFIENDEN LA REFORMA
Por su parte, la morenista Mariana Benítez defendió la iniciativa al asegurar que “no se elimina el amparo”, sino que se busca evitar que intereses particulares detengan indefinidamente obras públicas.
“Quienes sostienen que esta reforma es autoritaria se equivocan o mienten deliberadamente. Autoritarismo sería mantener el uso corrupto del amparo para privilegiar intereses privados”, afirmó.
Desde el bloque oficialista, los legisladores destacaron que la reforma busca agilizar la impartición de justicia, “democratizar el acceso al amparo” y evitar que este recurso sea utilizado “como instrumento de chantaje judicial contra el Estado”.
SIGUIENTE PASO: SENADO DE LA REPÚBLICA
Tras su aprobación en lo general y particular, la reforma será turnada al Senado de la República, donde se prevé una nueva ronda de debate.
De ser ratificada, la iniciativa representará una de las modificaciones más amplias al sistema de amparo en más de una década, con implicaciones directas en la protección de derechos humanos, la defensa fiscal y los recursos judiciales frente a actos de autoridad.
La discusión en el Senado se perfila intensa, con organizaciones civiles y juristas anticipando impugnaciones ante la Suprema Corte por considerar que la reforma podría vulnerar garantías constitucionales de acceso a la justicia.
