Las colectivas ILE SLP y Nueva Luna Salud de las Mujeres A.C. propusieron reformar el artículo 150 del Código Penal de San Luis Potosí, con el objetivo de incluir nuevas causales que permitan la interrupción legal del embarazo. La iniciativa, presentada ante el Congreso del Estado, busca adecuar la normativa local a los avances legales y sociales que se han dado en otras entidades del país.
La propuesta incorpora situaciones como el estupro, la implantación de óvulos sin consentimiento, pobreza extrema, riesgos graves para la salud de la persona gestante y malformaciones fetales severas. Según las activistas, estas condiciones no están cubiertas en la legislación actual, dejando a muchas mujeres en una situación de desamparo jurídico.
Además, las promoventes solicitan eliminar la obligatoriedad de la denuncia previa en casos de violencia sexual para acceder al aborto. Explicaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que basta con la declaración de la víctima bajo protesta de decir verdad, criterio que consideran necesario adoptar en el estado.
Otra de las demandas incluye garantizar el acceso al servicio de aborto incluso frente a la objeción de conciencia del personal médico. Las activistas enfatizan que el Estado debe asegurar que las solicitudes de este procedimiento se atiendan sin obstáculos, ya que consideran que la objeción no debe convertirse en una barrera.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las colectivas también planean presentar otra iniciativa para sancionar la negativa injustificada de servicios de aborto, considerándola como un acto de violencia reproductiva. Paralelamente, trabajan en una propuesta para reformar la Ley de Educación e incluir temas de derechos sexuales y reproductivos en los planes de estudio.
La intención, señalaron, es que niñas y adolescentes cuenten con información desde temprana edad para prevenir embarazos no deseados y detectar posibles abusos, problemáticas que consideran urgentes de atender en la entidad. Las promoventes esperan que estas reformas contribuyan a garantizar derechos fundamentales y a reducir las barreras legales que enfrentan las personas gestantes en San Luis Potosí.
