El petróleo mexicano se ha convertido en una nueva fuente de ingresos para los principales cárteles del narcotráfico en el país, de acuerdo con el más reciente informe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). En el documento, la agencia antidrogas asegura que grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y la Familia Michoacana están involucrados en sofisticadas operaciones de contrabando de combustibles, particularmente en la frontera entre México y Estados Unidos.
Según la DEA, las organizaciones criminales han diversificado sus actividades más allá del tráfico de drogas y han encontrado en el robo y contrabando de hidrocarburos una fuente rentable de financiamiento. “El contrabando de petróleo en el mercado negro es el principal medio por el cual los cárteles financian sus redes”, se indica en el reporte.
El informe detalla que estos grupos acceden al crudo mediante tomas clandestinas, secuestro de camiones cisterna, sobornos a empleados de Pemex y uso de amenazas, logrando así apropiarse del hidrocarburo que posteriormente comercializan de manera ilícita tanto en México como en Estados Unidos y Centroamérica.
El método más común para evadir la detección, según el reporte del Departamento del Tesoro estadounidense, consiste en etiquetar erróneamente el crudo como aceite usado o material peligroso, con el objetivo de evitar impuestos y regulaciones aduaneras. Una vez cruzada la frontera, el petróleo es entregado a importadores cómplices de la industria energética que lo venden en el mercado estadounidense a precios reducidos.
“La operación permite a los importadores obtener más de cinco millones de dólares por cada envío en buques cisterna, cuyos beneficios ilícitos son repatriados a México para financiar las actividades delictivas de los cárteles”, señala la DEA.
En respuesta, el Gobierno de Estados Unidos ha implementado una serie de medidas para contener el fenómeno. En septiembre del año pasado, el Departamento del Tesoro sancionó a nueve personas y 26 empresas vinculadas al CJNG por su participación en el contrabando de combustible. Este mes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso nuevas sanciones a tres ciudadanos mexicanos y dos entidades por su involucramiento en una red de tráfico de drogas y robo de combustible relacionada con el mismo grupo criminal.
Simultáneamente, la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen) emitió una alerta a bancos estadounidenses sobre transacciones sospechosas vinculadas al contrabando de petróleo en la frontera suroeste del país. La alerta sugiere que los bancos deben prestar especial atención a operaciones relacionadas con combustibles que podrían estar conectadas con organizaciones criminales transnacionales.
Luis Miguel Labardini, analista en temas energéticos, explicó que esta problemática comprende tres delitos diferenciados: el robo de combustible para venta interna; el robo de crudo para exportación, evadiendo controles aduanales al registrarlo como residuo; y el denominado «huachicol fiscal», que implica la importación irregular de combustibles disfrazados como lubricantes para eludir el pago de impuestos.
“México pierde decenas de miles de millones de dólares en ingresos fiscales, mientras que las empresas energéticas estadounidenses también sufren pérdidas millonarias por la reducción en las importaciones y exportaciones legales de hidrocarburos”, advierte la DEA.
La agencia estadounidense también responsabiliza parcialmente a la petrolera estatal Pemex, la cual, según indica el informe, se ha visto vulnerada en sus procesos internos debido a la colusión de empleados con grupos delictivos. Hasta el cierre de esta edición, Pemex no ha emitido una respuesta oficial ante los señalamientos.El reporte subraya que el débil Estado de Derecho en algunas regiones de México ha favorecido la expansión de estas actividades delictivas, lo cual permite a los grupos criminales consolidar su presencia territorial, incrementar su capacidad operativa y diversificar sus rutas de financiamiento con cada vez menos obstáculos legales.
