A casi dos meses del trágico accidente en el antro Rich, ubicado al poniente de la capital potosina, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha informado que no descarta la posibilidad de ejercer acción penal contra funcionarios públicos que pudieran tener responsabilidad en los hechos ocurridos el pasado mes de junio.
El accidente dejó un saldo de dos jóvenes fallecidos y otros ocho heridos, generando una fuerte demanda de justicia y respuestas por parte de las familias afectadas. Ramón Infante Guerrero, padre de uno de los jóvenes fallecidos, expresó su frustración a este medio, mencionando que las víctimas indirectas aún no han recibido informes de avance en la investigación que realiza la Fiscalía.
Infante Guerrero destacó la importancia de que la Fiscalía determine si hubo omisiones por parte de funcionarios estatales y municipales en la vigilancia de la operación del establecimiento nocturno. “sería interesante conocer la responsabilidad tanto de funcionarios estatales como municipales, porque la responsabilidad es bipartita, pero todo está como detenido”, comentó.
Además, señaló que están a la espera del informe de la Contraloría Interna del Ayuntamiento capitalino, ya que el alcalde Enrique Galindo aseguró a inicios de semana que pronto se tendrían resultados y que no habrá impunidad en el caso. Este informe podría ser crucial para determinar las responsabilidades y posibles sanciones.
Por otro lado, la Fiscalía también investiga la posible responsabilidad de los propietarios de la plaza Alttus, donde se encontraba el antro, ya que los hechos ocurrieron en las áreas comunes del complejo.
Infante Guerrero también mencionó que aún no ha recibido notificación sobre el amparo presentado por los tres imputados para revertir la medida de prisión preventiva, atribuyendo este retraso a las vacaciones judiciales que han pausado temporalmente el proceso.
