El Congreso de San Luis Potosí deberá modificar la Ley de Salud para garantizar el acceso al aborto en instituciones públicas, en cumplimiento con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló la diputada Jessica Gabriela López Torres. La resolución obliga a las autoridades locales a proporcionar servicios médicos seguros y de calidad para la interrupción del embarazo.
A pesar de la falta de legislación estatal, en diversas unidades médicas del ISSSTE en municipios como Axtla de Terrazas, Villa Hidalgo, Tancanhuitz de Santos, Charcas, Ébano, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad del Maíz y Salinas de Hidalgo, así como en la clínica “Doctor Arturo Aguillón Luna” y el Hospital General en la capital potosina, ya se realizan procedimientos de interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
López Torres explicó que el tema será analizado en la Comisión de Salud del Congreso, presidida por la diputada priísta Frinné Azuara Yarzábal, quien ha expresado en diversas ocasiones su apoyo a la interrupción legal del embarazo y a la atención médica para las mujeres que optan por este procedimiento.
La legisladora destacó que, con la federalización de los servicios de salud, las clínicas del ISSSTE operan con recursos provenientes de la Federación, lo que ha permitido ofrecer estos servicios sin requerir hospitalización en la mayoría de los casos.
Asimismo, señaló que la SCJN ha desaconsejado el uso del legrado por considerarlo un método invasivo y violento, favoreciendo en su lugar técnicas menos agresivas como la aspiración manual endouterina (AMEU) solo en casos específicos.
López Torres reiteró que la decisión de la SCJN será discutida en el Congreso local y se buscará un marco legal acorde con el mandato judicial, asegurando que las mujeres potosinas tengan acceso a un servicio de salud integral y seguro.
