El Congreso de San Luis Potosí aprobó una reforma a los artículos 107 y 105 de la Constitución, buscando establecer la supremacía del poder reformador sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En una sesión extendida desde el martes y reanudada la mañana de este jueves, el dictamen fue avalado por 17 votos a favor y 7 en contra, limitando la capacidad de la SCJN para impugnar reformas constitucionales a través del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional.
Durante el debate, los legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano manifestaron su oposición, con argumentos en defensa de la división de poderes. El diputado panista Rubén Guajardo Barrera afirmó que la reforma debilita los contrapesos al poder y advirtió sobre “excesos del poder”. Desde el PRI, la diputada Sara Rocha Medina expresó que la medida representa una “crisis constitucional y jurídica” al concentrar poder en el Ejecutivo. Mireya Vancini, también del PAN, comparó la situación en México con regímenes autoritarios, expresando preocupación por una posible deriva autoritaria.
La reforma establece que no procederán controversias constitucionales ni acciones de inconstitucionalidad sobre adiciones o reformas a la Constitución Federal, lo que implica que el poder reformador no estará sujeto a revisión judicial en estos casos. Con esta medida, San Luis Potosí se suma como el undécimo estado en respaldar la reforma en materia de supremacía constitucional.
En la misma sesión, el Congreso aprobó un segundo dictamen, impulsado por el partido MORENA, que incorpora programas de bienestar social en los artículos 4 y 27 de la Constitución. Este dictamen busca garantizar un jornal seguro para campesinos que trabajan sus tierras con cultivos específicos, y establece la entrega de fertilizantes gratuitos y precios de garantía para productos básicos como maíz, frijol y leche. Además, asegura un apoyo económico directo a pequeños pescadores y campesinos.
El diputado morenista Carlos Arreola Mallol defendió estas reformas como un acto de justicia social, argumentando que distribuyen la riqueza entre los sectores más vulnerables. Legisladores del PRI y del PAN, si bien apoyaron la iniciativa, señalaron que estos programas deben mantenerse libres de fines políticos.
