El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha aprobado abrir una controversia constitucional que podría redefinir los límites de su propio poder. La discusión, que ha generado un intenso debate, busca determinar si el máximo tribunal tiene la facultad para revisar la Reforma Judicial impulsada recientemente, un tema sin precedentes en la historia democrática del país.
En una votación de ocho contra tres, la mayoría del Pleno respaldó la iniciativa propuesta por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien basó su proyecto en la interpretación del Artículo 11, Fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Este apartado otorga facultades para resolver conflictos dentro del Poder Judicial, pero la mayoría de los ministros considera que también podría aplicarse a casos donde actores externos amenacen la autonomía del tribunal.
Las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, cercanas al oficialismo, votaron en contra de la propuesta, advirtiendo sobre las posibles repercusiones de esta decisión. Esquivel denunció que la Corte está promoviendo lo que describió como un “golpe de Estado técnico” y cuestionó la posibilidad de que el tribunal revise reformas constitucionales mediante procedimientos como el amparo. Según su postura, la Constitución no contempla esa vía como mecanismo para impugnar reformas.
El proyecto de González Alcántara se apoya en un antecedente de 2014, cuando figuras políticas como Ricardo Monreal, Ernestina Godoy y Adán Augusto López promovieron un amparo para revisar una reforma constitucional sin que fueran acusados de atentar contra la Constitución. “Nadie en ese momento los acusó de golpistas”, comentó el ministro, en alusión a las críticas actuales.
Por su parte, Lenia Batres advirtió que la decisión de la Corte coloca al país “al borde de una crisis constitucional”, señalamiento que fue respaldado por Ortiz y Esquivel. Las tres ministras alertaron sobre el riesgo de que la SCJN se atribuya la capacidad de echar abajo reformas constitucionales por medio de procedimientos administrativos.
La controversia aprobada tiene el potencial de frenar la Reforma Judicial, la cual aún no ha sido regulada por legislación secundaria. En las próximas semanas, se espera que la Corte publique la convocatoria para la elección de nuevos funcionarios, lo que podría escalar las tensiones políticas y jurídicas en torno a la independencia de los tribunales y el alcance del poder judicial en México.
