La evaluación del Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha generado fuertes críticas por su falta de eficacia y cobertura. De acuerdo con el diagnóstico participativo “Hacia una Política Pública para la Protección Integral de las Defensoras y Periodistas”, el mecanismo, creado en 2021, solo ha brindado protección a una mujer periodista, revelando una carencia en la implementación de políticas integrales.
El informe destaca deficiencias en la respuesta del mecanismo, como la falta de asistencia inmediata y la ausencia de un análisis adecuado del contexto de riesgo. Las medidas de protección dictadas han sido criticadas por generar costos adicionales para las beneficiarias, quienes también enfrentan la falta de planes específicos para situaciones de desplazamiento forzado y perspectiva de género.
Además, el diagnóstico señala que en 2020 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) equiparó a las defensoras de derechos humanos con amenazas criminales, reflejando un nivel de vigilancia estatal que se compara con el seguimiento al crimen organizado. Este hecho evidenció un contexto de represión y estigmatización que ha intensificado los riesgos para estas mujeres.
Durante el contexto electoral de 2021, las periodistas y defensoras enfrentaron un aumento en las agresiones y ataques, en parte debido a la criminalización y estigmatización del gobierno estatal y federal. Este ambiente ha contribuido a la falta de protección y al incremento de la vulnerabilidad de quienes ejercen el periodismo y la defensa de derechos humanos.
En 2022, San Luis Potosí registró el mayor número de desapariciones en el país, con 171 casos. A pesar de este incremento, las respuestas institucionales fueron insuficientes, dejando a las defensoras y periodistas sin el apoyo necesario para enfrentar la crisis.
El diagnóstico propone varias recomendaciones para mejorar la protección integral, incluyendo la capacitación de funcionarios en derechos humanos y violencia de género, y la implementación de espacios formativos en regiones como la Huasteca y el Altiplano. También se sugiere establecer un consejo consultivo diverso para asegurar la imparcialidad del mecanismo y garantizar su autonomía.
