Las denuncias y protestas han sacudido al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), donde múltiples personas han levantado la voz contra una supuesta ola de despidos injustificados. Las acusaciones apuntan directamente al presidente de la institución, Óscar Ricardo López Leyva, a quien responsabilizan de actuar sin apego alguno a la ley y en detrimento de los derechos laborales de la plantilla.
El punto álgido se alcanzó el pasado 8 de marzo, cuando un grupo de trabajadoras del TECA fue despedido, según alegan, de manera arbitraria. Este acontecimiento desencadenó una serie de manifestaciones y denuncias enérgicas por parte del personal afectado, quienes se han unido para exigir justicia y poner fin a lo que consideran abusos de poder por parte de las autoridades del tribunal.
Las instalaciones del Tribunal se han convertido en escenario de protestas, donde las ex trabajadoras han colocado pancartas con consignas como “En este Tribunal no se imparte justicia, se imparte injusticia”, “El presidente de este tribunal desconoce la ley” y “Respeto a los derechos adquiridos”. Estas acciones reflejan el descontento generalizado hacia la gestión del líder institucional, al que acusan de operar con prepotencia y desconsideración hacia los derechos fundamentales de los empleados bajo su dirección.
El respaldo gremial también ha entrado en juego, con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE) interviniendo en favor de las trabajadoras afectadas. El comité ejecutivo sindical se ha unido a la demanda de reinstalación inmediata de las empleadas despedidas, subrayando la necesidad de respetar los derechos laborales y humanos en todas las instancias gubernamentales, incluido el TECA.
