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Detecta ASE irregularidades por casi mil 600 mdp

El gobierno de Juan Manuel Carreras López es el más observado con más de mil millones de pesos que podrían revelar la comisión de algún delito.

Irregularidades por casi mil 600 millones de pesos fueron observadas por la Auditoría Superior del Estado en lo relativo a la revisión final de la Cuenta Pública 2020; así consta en los informes que entregó este jueves 28 de octubre al Congreso del Estado en donde se da testimonio de las enormes anomalías que dejó Juan Manuel Carreras López como titular del Poder Ejecutivo, contrastado con el buen manejo de Olga Regina García López, como presidenta del Poder Judicial, cuyas finanzas resultaron impecables.

Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, titular de la ASE, detalló que de los 114 entes auditables que tiene San Luis Potosí, se detectaron observaciones por mil 597 millones 807 mil 974 pesos, siendo el Gobierno del Estado el que más  irregularidades presenta al acumular un total de mil 035 millones 441 mil 591 pesos provenientes de recursos públicos que no se sabe en qué se gastaron o cuyo gasto no fue comprobado. Al mismo tiempo, el Gobierno tuvo resarcimientos por 85 mil 994 pesos.

Los 58 Ayuntamientos ocupan el segundo lugar en cuanto a observaciones pues, en conjunto, acumulan 466 millones 457 mil 950 pesos de anomalías, sin embargo, hasta el momento se desconoce con precisión cuáles fueron los municipios con los peores manejos.

En el caso de los organismos descentralizados, las observaciones ascendieron a 54 millones 596 mil 998, mientras que, en los organismos autónomos, el monto fue de 39 millones 715 mil 490 pesos. De igual manera, en el Congreso del Estado se detectaron anomalías por un millón 595 mil 945 pesos y en el Poder Judicial no se detectó irregularidad alguna.

La misma ASE informó que el monto de observaciones detectadas en la Cuenta Pública 2020 supera por mucho a la registrada en 2019, donde se identificaron 928 millones 604 mil pesos en observaciones y en el 2018 mil 088 millones 238 mil pesos.

Los informes tendrán que ser revisados ahora por el Congreso del Estado y no se descarta que, por estos hechos, más adelante, se puedan presentar las denuncias correspondientes en contra de los exfuncionarios que se hayan visto involucrados.

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