La Operación Liberación, ejecutada por Fuerzas Federales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la policía estatal, desarticuló una red de extorsión operada por La Familia Michoacana, liderada por Johnny Hurtado Olascoaga (“El Pez“) y José Alfredo Hurtado Olascoaga (“El Fresa“). En 14 municipios, incluyendo Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Tejupilco y Tlatlaya, se desplegaron 2,866 elementos en 63 células operativas, logrando la captura de ocho personas con roles “gerenciales” en el grupo criminal, sumando 48 detenidos a nivel nacional por este delito.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que se realizaron 52 cateos en comercios vinculados a extorsión, secuestro exprés y delitos contra la salud. Entre los detenidos están Antonio “N”, Alicia “N”, Eli “N”, Gonzalo “N”, Jorge “N”, José Fernando “N”, Yareli “N” (regidora de Ixtapan de la Sal) y Bernardo “N”, capturado en Quintana Roo con apoyo de la Fiscalía local y la gobernadora Mara Lezama. Estos individuos controlaban sectores económicos como alimentos y materiales de construcción mediante prácticas extorsivas.
El fiscal José Luis Cervantes Martínez explicó que La Familia Michoacana imponía proveedores únicos, elevando precios hasta un 30% o más. Por ejemplo, en Valle de Bravo, la tonelada de varilla cuesta 23,950 pesos frente a 17,937 pesos en Toluca; el cemento pasa de 4,730 pesos a 5,700 pesos; y el pollo en Sultepec alcanza 100 pesos por kilo de retazo. La carne de res y cerdo también registran sobreprecios significativos. Los aseguramientos incluyeron animales de granja, cárnicos, cemento, grava, varilla, y comercios como granjas, ferreterías y oficinas sindicales.
La red operaba con empresarios, sindicatos como Sindicato Libertad y Sindicato Bradosva, y taxistas coludidos, manipulando la logística y contabilidad. Eli “N”, dueño de Jimex en Valle de Bravo, y Yareli “N”, acusada de secuestro exprés, intimidaban a víctimas para forzar compras. Los productos asegurados serán donados a comunidades afectadas a través de la Secretaría de Bienestar estatal, según autorización judicial.
