El Departamento de Defensa de Estados Unidos, a través del Comando Norte, ha tomado control de una nueva franja de 51 kilómetros en la frontera de Arizona con México, elevando la jurisdicción del Pentágono a más del 26% de la línea fronteriza entre ambos países. Esta acción, implementada el martes 5 de agosto, forma parte de una estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump para reforzar la seguridad fronteriza y combatir la migración irregular, según reportes de medios como El Diario de Chihuahua y El Heraldo de Saltillo.
La nueva Área Nacional de Defensa (NDA, por sus siglas en inglés) en Yuma, Arizona, anteriormente bajo la jurisdicción del Departamento del Interior, ahora está controlada por el Comando Norte de Estados Unidos. Con esta adición, el Pentágono supervisa un total de aproximadamente 827 kilómetros de los más de 3,000 kilómetros que componen la frontera entre México y Estados Unidos. Esto incluye zonas estratégicas como una franja de 273 kilómetros en Nuevo México (extensión del Fuerte Huachuca), 101 kilómetros en Texas (extensión del Fuerte Bliss) y 402 kilómetros adicionales ligados a la Base Conjunta San Antonio.
El Comando Norte ha indicado que los elementos desplegados en estas áreas son responsables de actividades como patrullaje, detención temporal de migrantes irregulares, mantenimiento y mejora de barreras fronterizas, así como la construcción de nuevas estructuras defensivas. A diferencia de otras zonas fronterizas bajo la autoridad de la Patrulla Fronteriza, los migrantes que intenten cruzar por estas Áreas Nacionales de Defensa enfrentan sanciones más severas, incluyendo hasta un año de cárcel y multas, al considerarse estas zonas como áreas estratégicas militares.
La expansión del control militar en la frontera responde a una serie de órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump desde el inicio de su segundo mandato el 20 de enero de 2025. Estas órdenes buscan establecer un “control operativo absoluto” de la frontera sur, según lo estipulado en un decreto que otorga al Pentágono la capacidad de desplegar tropas según sea necesario. Desde enero, el Departamento de Defensa ha enviado miles de soldados, incluyendo 1,500 efectivos en servicio activo en febrero y otros 3,000 adicionales en marzo, elevando el total de tropas en la frontera a aproximadamente 9,000, según The Washington Post e Infobae.
Además de las tropas terrestres, el Pentágono ha desplegado aviones espía, helicópteros, y dos buques de guerra para vigilancia marítima en el Golfo de México, rebautizado por la administración Trump como el “Golfo de América”. Estas medidas también incluyen el uso de bases militares, como la Bahía de Guantánamo en Cuba, para albergar a migrantes detenidos.
El despliegue militar se ha intensificado tras las amenazas de Trump de imponer aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas, una medida que fue pospuesta en febrero tras negociaciones con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien comprometió el envío de 10,000 elementos de la Guardia Nacional mexicana para reforzar la vigilancia en la frontera norte del país. Este acuerdo, conocido como “Operación Frontera”, ha resultado en la detención de 116 personas y el decomiso de 35 armas de fuego en las primeras semanas de implementación, según el Gabinete de Seguridad mexicano.
La militarización de la frontera ha contribuido a una drástica reducción en los cruces irregulares. En abril de 2025, las autoridades estadounidenses reportaron solo 8,000 detenciones de migrantes, una cifra significativamente menor a las 128,000 registradas el año anterior. En noviembre de 2024, los cruces ilegales ya habían disminuido a 94,190, comparado con los 242,300 de noviembre de 2023, según datos de la Patrulla Fronteriza.
Sin embargo, esta estrategia ha generado críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre el aumento de riesgos para los migrantes, quienes podrían recurrir a rutas más peligrosas para evitar los operativos militares. “La militarización de la frontera no resuelve las causas estructurales de la migración, como la pobreza y la violencia en los países de origen”, señalaron expertos en política migratoria citados por El Financiero. Además, la presencia de tropas ha creado un ambiente de “conflicto de baja intensidad” en ciudades fronterizas mexicanas como Ciudad Juárez, donde se han intensificado las inspecciones y operativos en busca de túneles y actividades relacionadas con el narcotráfico.
El control del 26% de la frontera por parte del Pentágono también se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la actividad de los cárteles mexicanos. En julio de 2025, Steven Willoughboy, jefe del programa antidrones de Estados Unidos, reportó la detección de 27,000 drones a 500 metros de la frontera, presuntamente operados por cárteles como el de Sinaloa para actividades de narcotráfico. Asimismo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió el 31 de enero a altos mandos mexicanos sobre posibles acciones militares unilaterales contra los cárteles, generando sorpresa y molestia entre los funcionarios mexicanos, según The Wall Street Journal.
Estas advertencias han intensificado la cooperación bilateral, con México entregando a 29 capos del narcotráfico a Estados Unidos en febrero de 2025 como parte de los acuerdos con la administración Trump. No obstante, amplias zonas de la frontera siguen bajo el control de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y migrantes, lo que plantea desafíos tanto para México como para Estados Unidos.
El despliegue militar en la frontera, que ha costado al Pentágono 525 millones de dólares hasta la fecha, no muestra signos de concluir en el corto plazo. La posibilidad de invocar la Ley contra la Insurrección de 1807, que permitiría a las tropas realizar funciones de aplicación de la ley civil, sigue siendo evaluada por el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional, según órdenes ejecutivas de Trump.
Mientras tanto, en el lado mexicano, ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez enfrentan la presión de albergar a migrantes varados, muchos de los cuales esperan una oportunidad para cruzar o temen las deportaciones masivas prometidas por Trump. Organizaciones como la Fundación Movimiento Juventud 2000 en Tijuana reportan una reducción significativa en el número de migrantes en albergues, de cientos a apenas 55 en algunos casos, reflejando el impacto de las medidas conjuntas de ambos países.
El control del 26% de la frontera por parte del Pentágono marca un nuevo capítulo en la militarización de la línea divisoria entre México y Estados Unidos, con implicaciones profundas para la migración, la seguridad y las relaciones bilaterales. A medida que las políticas de Trump avanzan, la región enfrenta un futuro incierto, donde la cooperación entre ambos países será clave para abordar los desafíos compartidos.
