Empresarios y abogados de San Luis Potosí se preparan para impugnar el nuevo impuesto ecológico estatal, que comenzará a aplicarse en 2025. La medida, diseñada para gravar las emisiones de gases contaminantes, ha generado controversia debido a presuntos vicios de inconstitucionalidad y estímulos fiscales que, paradójicamente, podrían beneficiar a las empresas con mayores emisiones.
Durante una conferencia organizada por Canacintra, expertos señalaron que el esquema del impuesto fomenta inequidades al reducir la cuota a pagar conforme aumentan las emisiones de dióxido de carbono. Esto, según indicaron, contradice el objetivo principal de la medida: desincentivar la contaminación. Además, las reglas de operación presentan ambigüedades, como la falta de claridad en los requisitos de pago y la inclusión de sectores no contemplados explícitamente en la ley.
Los especialistas explicaron que el amparo directo es el principal recurso para las empresas que busquen protegerse contra el gravamen. Este debe tramitarse en los primeros 15 días tras la aplicación del impuesto, que inicia formalmente el 17 de febrero de 2025. A través de este mecanismo, las empresas podrían obtener la devolución del impuesto pagado y, eventualmente, modificar la legislación.
Aunque el impuesto fue aprobado con la intención de fomentar prácticas sostenibles, representantes empresariales cuestionan su diseño, al argumentar que no solo afecta la competitividad de las empresas, sino que también presenta inconsistencias legales que podrían perjudicar a diversos sectores productivos del estado.
