Alejandro Moreno Cárdenas no solo enfrenta la oposición de la disidencia priista, sino también graves acusaciones de enriquecimiento ilícito y el presunto desvío de casi 4 mil millones de pesos de recursos federales durante su mandato como Gobernador de Campeche. Desde 2022, la Fiscalía de Campeche ha solicitado un juicio de procedencia para retirarle el fuero a Moreno y así poder procesarlo.
Hasta la fecha, la investigación sigue abierta sin avances significativos. La discusión sobre su desafuero en la Cámara de Diputados está congelada, lo que ha impedido que la Fiscalía lleve a Moreno ante la justicia. La indagatoria abarca delitos como enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal, lavado de dinero, peculado y abuso de autoridad.
Las pesquisas señalan un aumento significativo en propiedades ligadas a Moreno, especialmente en el exclusivo fraccionamiento Lomas del Castillo en Campeche. Entre los bienes investigados están varias residencias y terrenos en zonas de alta plusvalía. La Fiscalía realizó una delimitación y un cateo en 2022, pero Moreno niega ser el propietario de dichos inmuebles.
En respuesta, Moreno ha denunciado una persecución política orquestada por la Gobernadora Layda Sansores, acusando a la Fiscalía de Campeche de difamación y hostigamiento. La Fiscalía, por su parte, mantiene abierta la carpeta de investigación y argumenta que las propiedades no concuerdan con los ingresos de Moreno como servidor público.
Además, en abril pasado, Miguel Prado, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por tráfico de influencias, corrupción y lavado de dinero, señalando un posible desvío de recursos federales durante el periodo en que Moreno fue Gobernador.
Moreno ha reiterado que los inmuebles cateados no le pertenecen y que las acusaciones son una farsa. Ha anunciado que llevará su caso a organismos internacionales para denunciar lo que considera persecuciones políticas. A pesar de las acusaciones, Moreno afirma que seguirá defendiendo la democracia y las instituciones mexicanas.
Las investigaciones también implican a amigos y familiares de Moreno, quienes supuestamente adquirían propiedades a precios bajos para luego revenderlas. Se estima que esta red posee al menos 30 mansiones y terrenos, aumentando la presión sobre la Sección Instructora para avanzar en el caso.