Las recientes investigaciones sobre contratos de suministro de agua potable con la empresa Grupo Saserro han destapado una serie de irregularidades graves en Interapas, el organismo responsable del agua en la zona metropolitana. Ante estas presuntas negligencias y posibles daños al patrimonio público, el diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, demandó la salida inmediata de Jorge Daniel Hernández Delgadillo, director del organismo.
De acuerdo con un informe preliminar de la Comisión de Vigilancia y una investigación independiente de Ciudadanos Observando, se detectaron sobrecostos exorbitantes de hasta un 32% en el precio por metro cúbico de agua, lo que implicaría un posible daño patrimonial cercano a los 85 millones de pesos. Además, se señala una preocupante falta de control y supervisión por parte de Interapas, que habría permitido a Grupo Saserro distribuir agua sin que el organismo cobrara por este servicio, dejando en manos privadas un recurso público vital y facilitando la facturación irregular.
La gravedad de estos hallazgos evidencia no solo una negligencia en la administración de los recursos hídricos, sino también una posible complicidad o, en el mejor de los casos, una alarmante ineficiencia administrativa. En este contexto, Gámez Macías subrayó que la permanencia de Hernández Delgadillo al frente del organismo resulta inaceptable y pone en riesgo la transparencia y la confianza ciudadana hacia Interapas.
Ante esta situación, la Comisión de Vigilancia ha solicitado al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) una auditoría profunda para esclarecer responsabilidades y posibles sanciones. Sin embargo, dado el daño que la opacidad y mala gestión han causado a los potosinos, el legislador urgió a la Junta de Gobierno de Interapas a actuar con prontitud y destituir a Hernández Delgadillo sin más dilación.
Este caso revela la preocupante falta de mecanismos efectivos de control dentro del organismo encargado del servicio de agua potable, cuestionando seriamente su compromiso con la transparencia y la correcta administración de un recurso fundamental para la población. La exigencia de rendición de cuentas se vuelve indispensable para evitar que estos abusos se repitan y para proteger el patrimonio público que debe estar al servicio de la comunidad.
