La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí fue señalada por prácticas discriminatorias luego de que se impidiera a la abogada Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez ingresar con su hija a sus instalaciones. La restricción, atribuida a un supuesto “protocolo”, resultó ser inexistente tras una revisión, lo que generó cuestionamientos sobre la aplicación arbitraria de normas en el acceso a la justicia.
El hecho ocurrió el 5 de febrero, cuando la abogada acudió a una cita en la Vicefiscalía Jurídica tras haber llevado a su hija a consulta médica. En la entrada, el personal de seguridad le exigió dejar a la menor sola en la sala de espera, sin ofrecer explicaciones claras ni documentos que respaldaran la medida.
Ante la negativa, Viera Gutiérrez recurrió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que intervino para permitir su acceso. Posteriormente, presentó una queja formal contra la Fiscalía por considerar que se vulneraron sus derechos y los de su hija.
El caso ha desatado críticas sobre la falta de criterios claros en las restricciones de acceso y el impacto de estas prácticas en la equidad de género. Se exige que la Fiscalía aclare sus protocolos y garantice que no sean utilizados para limitar derechos o excluir a ciertos sectores de la población.
