En un hecho que golpea la frágil paz social, el alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fue asesinado el sábado 1 de noviembre durante un acto público del Festival de la Vela. A pesar de contar con protección federal desde diciembre de 2024 —y un refuerzo en mayo de 2025—, los agresores aprovecharon la vulnerabilidad del evento para disparar al menos ocho veces contra el edil.
Este crimen vuelve a mostrar que la estrategia federal de seguridad no ha logrado evitar la muerte de servidores públicos que se enfrentan al crimen organizado. Manzo había denunciado públicamente amenazas de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y exigido la presencia de las fuerzas federales en la zona aguacatera, pero pese a ello fue víctima de violencia letal. “Ser bueno en México no está permitido”, parecen sus palabras no oficiales, pero resonantes ante la impunidad creciente.
La escena del crimen —plaza principal de Uruapan llena de personas, justo después del pregón del alcalde— expone la incapacidad de prevenir ataques incluso cuando el objetivo contaba con un dispositivo de seguridad institucional. La Fiscalía federal reportó la detención de dos sospechosos y el abatimiento de un tercero, pero la ejecución demuestra que protección formal no significa seguridad efectiva. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a gabinete de seguridad y prometió que habrá “cero impunidad”, pero las cifras siguen mostrando que los alcaldes, policías y periodistas son objetivos permanentes. Este asesinato debe impulsar una revisión profunda: la estrategia actual —que privilegia patrullaje y presencia militar— debe complementarse con investigación, desmontaje de redes financieras del crimen y protección real para quienes deciden enfrentar esta crisis.
