El Tribunal Laboral de San Luis Potosí, presidido por la jueza Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa, ha declarado su incompetencia en el caso del estallido de huelga programado por los trabajadores de la Universidad Politécnica Esta decisión ha generado suspicacias entre los trabajadores, quienes señalan que ocurre en un momento cercano a las elecciones presidenciales, lo que les resulta sospechoso.
Mónica López, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Académicos, Administrativos y Varios de las Universidades Politécnicas, Tecnológicas y Universidades de México, conocido como “Sindicato Nacional Profesora Dolores Jiménez y Muro”, expresó su descontento con la resolución. Según López, el sindicato ya había recibido la autorización para la huelga a las 6:30 de la mañana, pero la jueza, de manera repentina, se declaró incompetente. Ante esta situación, el sindicato ha decidido interponer un amparo.
López lamentó que esta decisión judicial ocurriera justo antes de las elecciones, sugiriendo que podría haber influencias externas, posiblemente del gobierno estatal, para evitar conflictos que pudieran afectar el proceso electoral. Los trabajadores creen que esta medida es una negación de su derecho constitucional a la negociación colectiva. Según López, la decisión de la jueza de declararse incompetente impide que los trabajadores ejerzan su derecho a la huelga, lo que ha motivado al sindicato a buscar protección legal a través de un amparo.
El sindicato había estado en negociaciones con la universidad durante varios meses. Según López, el rector Mario Alberto Martínez Rojas exigía una reducción salarial del 35 por ciento para firmar el Contrato Colectivo, lo que fue inaceptable para los trabajadores. Además, la universidad pidió posponer la huelga hasta agosto, pero no ofreció garantías laborales adecuadas a los docentes.
A pesar de discutir posibles convenios, la universidad no cumplió con sus compromisos, lo que llevó al sindicato a ratificar la huelga. Sin embargo, tras siete audiencias, la jueza se declaró incompetente y sugirió trasladar el caso a otro tribunal, lo que impidió la huelga programada. Esta acción ha sido vista por el sindicato como una táctica dilatoria que viola sus derechos laborales.
El sindicato espera que las autoridades judiciales tomen medidas para permitir que el proceso de huelga continúe, y que se pueda firmar un contrato colectivo que garantice los derechos laborales y salariales de los docentes. La huelga, consideran, es una herramienta fundamental para asegurar condiciones laborales justas y estables para los trabajadores de la universidad.
