Familiares de los jóvenes fallecidos en el accidente del antro Rich, ocurrido en junio de 2024, solicitaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) abrir investigaciones contra funcionarios estatales y municipales, argumentando que sus omisiones pudieron contribuir al incidente.
El 7 de junio de 2024, un barandal colapsó en el antro Rich, ubicado en la plaza Alttus, causando la caída de varias personas desde un segundo piso. El accidente resultó en la muerte de dos jóvenes y lesiones a ocho más. Hasta ahora, el proceso legal ha avanzado contra los responsables directos del establecimiento: Nancy N, Ulises N y Francisco N, acusados de homicidio culposo, lesiones culposas, corrupción de menores e incumplimiento de normas.
Sin embargo, los padres de las víctimas, Ramón Infante Guerrero y Rodrigo Espinosa Martínez, exigieron investigar a funcionarios estatales y municipales que, por acción u omisión, permitieron que el lugar operara sin cumplir las normas. Entre los señalados están el Director de Gobernación, la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Coepris y la Secretaría de Finanzas, así como varias autoridades municipales de Comercio, Seguridad Pública y Protección Civil.
En su petición a la fiscal María Manuela García Cázares, los familiares argumentaron que las irregularidades en permisos, supervisión y control del establecimiento pudieron haber prevenido la tragedia. Ahora esperan que se actúe contra todos los responsables, no solo los vinculados directamente con el antro, para garantizar que casos como este no se repitan.
