Las sanciones contra los funcionarios involucrados en el caso del antro Rich podrían emitirse en cualquier momento, confirmó J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general del Gobierno del Estado.
Torres Sánchez declaró que las medidas disciplinarias dependerán del grado de responsabilidad de cada funcionario, e incluso podrían derivar en destituciones si se determina que su participación en el incidente fue grave.
La Contraloría General del Gobierno (CGG) concluyó la investigación administrativa contra tres funcionarios: Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC); José Concepción Gallardo Martínez, director de Gobernación; y Lucía Martha Ramírez Rodríguez, comisionada estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris). Sin embargo, los resultados no han sido divulgados con el argumento de proteger el debido proceso.
El secretario general indicó que el gobierno estatal ha estado atento al caso desde el inicio y que el gobernador ha instruido mantener comunicación con las instancias correspondientes para el seguimiento del proceso.
