El Gobierno de San Luis Potosí está en proceso de diseñar una reforma estatal que permita asumir las funciones de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), ante la posible desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Según el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, diputado Carlos Arreola Mallol, el objetivo es garantizar el derecho a la información a los ciudadanos de manera más eficiente y menos costosa.
El gobierno local tomaría estas responsabilidades a través de la Contraloría Estatal o una Secretaría adecuada para ello, con el fin de garantizar que el acceso a la información pública sea más accesible y menos burocrático. Arreola Mallol destacó que el propósito de la reforma es crear un modelo de gobierno más eficiente y económico, eliminando organismos autónomos que, según él, son costosos y no cumplen con su función.
“Queremos que deje de ser un régimen costoso, ineficiente y burocrático, que era lo que el neoliberalismo hacía cuando había una exigencia social, creaba un instituto, armaba una nómina y metía a tus cuates”, afirmó el legislador. En su propuesta, la Secretaría Anticorrupción sería la encargada de asumir esta nueva función de garantizar el acceso a la información pública.
Por su parte, el presidente de la CEGAIP, José Gerardo Navarro Alviso, expresó su preocupación ante los cambios en la legislación, señalando que la desaparición del INAI podría generar vacíos en la protección del derecho a la información. Navarro Alviso destacó que la Plataforma Estatal de Transparencia ha sido una herramienta importante para garantizar que los ciudadanos puedan acceder a información relacionada con el gasto público, aunque subrayó que la desaparición de los órganos garantes locales podría generar ambigüedades sobre cómo se resolverán los recursos.
El presidente de la CEGAIP recordó que, además del INAI, se contempla la eliminación de otros órganos autónomos, lo que implicaría una transferencia de funciones a la Secretaría de la Función Pública. En este contexto, Navarro Alviso advirtió que el derecho humano a la transparencia y protección de datos personales podría quedar bajo el control del Estado, lo que generaría preocupaciones sobre la imparcialidad en la rendición de cuentas.
El proceso legislativo para aprobar la reforma podría concluir en los próximos días, pero los cambios dependerán de la ratificación por parte de los Congresos estatales.
