Este 30 de julio, el expresidente de EE. UU. Donald Trump firmó una orden ejecutiva imponiendo un arancel del 50 % sobre productos importados desde Brasil, una escalada considerable desde el 10 % vigente. Esta medida entra en vigor siete días después de su anuncio y responde a acciones legales recientes del gobierno brasileño que, según Trump, representan una amenaza a la seguridad nacional y a intereses estadounidenses.
La Casa Blanca argumentó que esas acciones, protagonizadas por la justicia brasileña —en particular el juez Alexandre de Moraes— contra simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, constituyen violaciones graves a los derechos humanos y limitan la libertad de expresión, lo que, según el mandato, representa una emergencia económica extraordinaria bajo la ley IEEPA de 1977.
El gobierno de Brasil, comandado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó categóricamente la decisión. Lula aseguró que continuará con el proceso judicial contra Bolsonaro y advirtió que no cederá a presiones externas. Además, trazó posibles respuestas comerciales según lo permitido por la nueva Ley de Reciprocidad Comercial aprobada por el Congreso brasileño.
Un informe preliminar del Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la implementación de estos aranceles adicionales acelerará una desaceleración económica en Brasil, con un crecimiento estimado disminuyendo del 3.4 % al 2.3 % durante 2025. Se espera que estas medidas reduzcan el aporte a PIB en alrededor de 1.1 a 1.4 puntos porcentuales.
El movimiento ha generado críticas dentro y fuera de territorio estadounidense. Expertos legales consideran que el uso de poderes de emergencia para esta acción excede las atribuciones presidenciales y podría enfrentar impugnaciones judiciales. Asimismo, analistas advierten sobre el impacto en la relación bilateral y el riesgo de represalias comerciales por parte de Brasil.
