La reubicación de alumnos y docentes de la Escuela Secundaria Técnica Número 1 (ETI), propuesta por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), ha generado dudas y molestia entre la comunidad educativa. Aunque se mencionaron cuatro posibles escuelas para el traslado —Ciriaco Cruz, Jaime Torres Bodet, Potosinos Ilustres y Moisés S. Jiménez—, persisten preocupaciones por la saturación de estas instituciones y la falta de información clara sobre el proceso.
El maestro Enrique Silva señaló que las opciones ofrecidas incluyen escuelas con serios problemas de sobrepoblación, lo que complica aún más el panorama para los 90 docentes afectados. Además, ni el personal ni los padres de familia han recibido detalles concretos ni una lista formal de las escuelas asignadas.
La incertidumbre también abarca cuestiones laborales. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la reubicación podría vulnerar los derechos de los docentes, quienes aún no han dado su consentimiento. El secretario de la sección 26 del SNTE, Juan Carlos Bárcenas Ramírez, criticó las incongruencias del proceso, subrayando que muchas escuelas carecen de personal suficiente a pesar de que las autoridades aseguran la existencia de plazas sobrantes.
Los padres de familia también han expresado su descontento. Martha, una de las representantes, denunció que se solicitaron datos personales de los estudiantes mediante canales no oficiales, como WhatsApp, lo que generó dudas sobre la transparencia del proceso. Además, cuestionó el impacto que esta reubicación podría tener en el prestigio de la institución, argumentando que la ETI ha sido una referencia educativa en la región.
La comunidad educativa ha solicitado a las autoridades replantear el proyecto, proponiendo una redistribución más equitativa de estudiantes y docentes que considere las necesidades de las instituciones y respete los derechos laborales. Mientras tanto, las reuniones entre la SEGE, los docentes y los padres de familia continuarán en busca de una solución que no comprometa la calidad educativa ni el bienestar de la comunidad escolar.
