La resolución del juez Fernando Zapata Guzmán de conceder arraigo domiciliario a José Guadalupe N., acusado del asesinato de Daniela y Carlos, hijos de la comandante Rosalinda Ávalos, ha desatado una ola de indignación. La decisión judicial, tomada el pasado 18 de diciembre, permite al imputado salir de prisión, lo que ha generado temor entre los familiares de las víctimas ante una posible fuga y la sensación de impunidad en el caso.
El múltiple asesinato, ocurrido el 11 de noviembre de 2020, fue señalado como una represalia contra Rosalinda Ávalos, quien investigaba una red de complicidad entre agentes de la Fiscalía General del Estado y un grupo criminal en la delegación Pila. Según la comandante, la resolución del juez es un golpe más para una familia ya destrozada por el crimen. “No solo me quitaron a Daniela y a Carlos, sino que lo hicieron para enviarme un mensaje de miedo, para hacerme desistir de buscar la verdad. Pero no me van a callar”, expresó.
A pesar de las pruebas presentadas por la Fiscalía, que incluyen testimonios, registros telefónicos y material audiovisual vinculando al acusado con el crimen, la defensa argumentó que las condiciones de salud del imputado y la duración del proceso justificaban medidas menos restrictivas.
La decisión ha sido calificada como revictimizante por organizaciones civiles y colectivos de familiares de víctimas, quienes han manifestado su apoyo a la comandante Ávalos. “Este caso refleja lo mal que estamos en términos de justicia. Mientras yo sigo llorando a mis hijos, ellos tienen privilegios. ¿Qué clase de mensaje manda eso a las víctimas?”, denunció un representante de las organizaciones.
Rosalinda Ávalos, quien ha prometido no desistir en su lucha por justicia, exigió a las autoridades garantizar que el acusado no evada el proceso judicial.
