Un hombre identificado como Andrés “N” fue detenido en el municipio de San Andrés Larráinzar, Chiapas, acusado de intentar vender a su hija de 12 años a un hombre adulto por 25 mil pesos, en un caso que se convirtió en el primero judicializado en el estado por el delito de cohabitación forzada.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la investigación se inició tras conocer que el imputado presuntamente pretendía entregar a la menor para obligarla a vivir en una relación de cohabitación forzada, conducta que fue incorporada recientemente al Código Penal de Chiapas como parte de las reformas aprobadas por el Congreso local en febrero de este año.
De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el hombre habría acordado la entrega de la menor a cambio de una cantidad de dinero, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial para enfrentar el proceso penal correspondiente.
El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que esta detención representa la primera aplicación de las nuevas disposiciones legales creadas para combatir prácticas que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes, particularmente aquellas relacionadas con matrimonios o uniones impuestas a menores de edad.
La Fiscalía destacó que este caso busca sentar un precedente en la persecución de este tipo de delitos y reiteró que ninguna tradición, costumbre o uso comunitario puede justificar actos que atenten contra la integridad, la libertad y los derechos humanos de las niñas y adolescentes.
Como parte de las medidas de protección, la menor quedó bajo resguardo institucional y recibe atención integral especializada para salvaguardar su bienestar físico y emocional mientras se desarrolla el proceso judicial.
La reforma aprobada por el Congreso de Chiapas incorporó el delito de cohabitación forzada al marco jurídico estatal con el objetivo de prevenir matrimonios infantiles y uniones forzadas, una problemática que durante años ha sido denunciada por organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos, especialmente en comunidades indígenas donde estas prácticas aún persisten.
Con esta modificación legal, las autoridades cuentan con herramientas para investigar y sancionar penalmente a quienes promuevan, faciliten u obliguen a niñas, niños o adolescentes a establecer relaciones de convivencia o matrimonio en contra de su voluntad.
La Fiscalía General del Estado aseguró que mantendrá vigilancia permanente para detectar este tipo de conductas e hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad o los derechos de menores de edad, con el fin de garantizar su protección y evitar que estas prácticas continúen ocurriendo.
