En un giro significativo en el caso judicial contra İsmael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York anunció este martes que no buscará la pena de muerte como castigo en su proceso penal. La decisión, comunicada mediante un documento dirigido al juez federal Brian M. Cogan, marca un hito en el caso de uno de los narcotraficantes más notorios de México, detenido en julio de 2024 en Texas y acusado de 17 cargos federales relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego.
Ismael Zambada García, conocido como “El Mayo”, fue arrestado el 25 de julio de 2024 en un aeródromo cerca de El Paso, Texas, tras llegar en una avioneta junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Zambada, de 77 años, alegó que su traslado a Estados Unidos fue un “secuestro transfronterizo” orquestado por Guzmán López, lo que desató tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Desde su detención, el capo ha enfrentado un proceso en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, donde se le imputan cargos graves, incluyendo tráfico de fentanilo, conspiración para cometer asesinatos y dirección de una empresa criminal.
La posibilidad de la pena de muerte había sido un tema central en las discusiones judiciales, dado que los delitos de Zambada, particularmente el tráfico de fentanilo, han sido vinculados a la crisis de sobredosis en Estados Unidos, que ha causado decenas de miles de muertes. En octubre de 2024, el juez Cogan señaló que los cargos hacían a Zambada elegible para la pena capital, aunque la decisión final dependía del fiscal general de Estados Unidos. Sin embargo, la reciente reinstauración de la pena de muerte para delitos federales por la procuradora general Pam Bondi, bajo la administración de Donald Trump, había intensificado los temores de que se buscara esta sanción extrema.
El documento presentado por la Fiscalía al juez Cogan establece que, tras una evaluación exhaustiva, el Departamento de Justicia ha decidido no solicitar la pena de muerte contra Zambada. Esta resolución también se extendió a Rafael Caro Quintero, otro narcotraficante mexicano de alto perfil, acusado de cargos similares. Aunque Nueva York abolió la pena de muerte en 2004, los casos federales permiten su aplicación en delitos graves como asesinatos múltiples o narcoterrorismo, lo que hacía viable esta posibilidad en el caso de Zambada. La decisión de no buscar la pena capital allana el camino para posibles negociaciones de culpabilidad, un escenario que el abogado de Zambada, Frank Pérez, había anticipado desde febrero de 2025.
Pérez, quien también representó a Vicente Zambada Niebla, hijo de “El Mayo” y testigo cooperante de Estados Unidos, ha manifestado en múltiples ocasiones que su cliente estaría dispuesto a declararse culpable si se descartaba la pena de muerte. “El señor Zambada no quiere ir a juicio y está dispuesto a aceptar la responsabilidad por un cargo que no implica la pena capital”, declaró Pérez a medios como CNN y Reuters. Esta estrategia busca evitar un juicio prolongado y garantizar una sentencia más leve, posiblemente cadena perpetua, similar a la impuesta a “El Chapo” Guzmán en 2019 por el mismo juez Cogan.
La decisión de la Fiscalía ha sido interpretada como un paso hacia una resolución negociada del caso. En junio de 2025, tanto la Fiscalía como la defensa solicitaron un aplazamiento de la audiencia programada para el 16 de junio, con el objetivo de revisar evidencia y explorar una resolución sin necesidad de juicio. La audiencia fue reprogramada para el 15 de agosto de 2025, y se espera que en los próximos meses se definan los términos de un posible acuerdo de culpabilidad.
Por su parte, Zambada ha insistido en su repatriación a México, argumentando que su detención fue ilegal y violatoria de la soberanía mexicana. En una carta enviada al consulado mexicano en Nueva York el 20 de febrero de 2025, el capo exigió que el gobierno de México interviniera para garantizar que no se le impusiera la pena de muerte y para solicitar su regreso al país. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la recepción del documento y señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) está analizando el caso, destacando que, más allá de los delitos de Zambada, el tema central es la legalidad de su traslado a Estados Unidos. La FGR ha solicitado en cuatro ocasiones la extradición de Zambada a México, sin respuesta de las autoridades estadounidenses.
El caso de Zambada ha avivado las tensiones entre México y Estados Unidos, particularmente tras la designación de seis cárteles mexicanos, incluido el de Sinaloa, como organizaciones terroristas por la administración Trump en febrero de 2025. La captura de Zambada, considerada por algunos como una traición dentro del Cártel de Sinaloa, desencadenó una ola de violencia en el estado de Sinaloa, con más de 1,700 ejecuciones reportadas en el último año, según publicaciones en redes sociales.
La solicitud de repatriación de Zambada ha sido comparada con el caso de Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa mexicano, quien fue devuelto a México en 2020 tras negociaciones diplomáticas. Sin embargo, analistas consideran poco probable que Zambada regrese a México, dado su estatus como uno de los narcotraficantes más buscados y la falta de un acuerdo formal de extradición que lo proteja de la pena de muerte, como ocurrió con “El Chapo”.
Aunque la decisión de descartar la pena de muerte representa un alivio para Zambada, su destino judicial sigue siendo incierto. Los 17 cargos en su contra, que incluyen narcoterrorismo por el tráfico de fentanilo, podrían resultar en una sentencia de cadena perpetua si se llega a un acuerdo de culpabilidad o si es declarado culpable en un juicio. La magnitud de su imperio criminal, que según la Fiscalía introdujo “decenas de miles de libras” de drogas en Estados Unidos, asegura que el proceso será seguido de cerca tanto en México como en Estados Unidos.
El caso también plantea preguntas sobre el futuro del Cártel de Sinaloa, que enfrenta una guerra interna entre la facción de Zambada y la de los hijos de “El Chapo”, conocidos como “Los Chapitos”. La captura de Zambada, descrita como un “jueves negro” para Sinaloa tras el asesinato del político Héctor Cuén el mismo día, ha reconfigurado el mapa criminal en México, con consecuencias que aún se están desarrollando.
Mientras tanto, la defensa de Zambada continúa argumentando que su detención fue un acto ilegal, y el gobierno mexicano mantiene presión para esclarecer las circunstancias de su traslado. Con una nueva audiencia programada para el 15 de agosto, el caso de “El Mayo” Zambada promete seguir siendo un tema de interés internacional, en el cruce de la justicia, la política y las relaciones bilaterales.
