Entre enero y febrero de 2024, catorce personas que aspiraban a contener en la elección de junio de este año han sido asesinadas.
Entre los casos recientes, el más notorio e increíble es el asesinato, con pocas horas de diferencia entre uno y otro, de dos precandidatos a la alcaldía del municipio de Maravatío en el estado de Michoacán.
El primero en ser asesinado fue el doctor Miguel Ángel Zavala Reyes, aspirante a la presidencia municipal por el partido y la coalición oficial encabezada por Morena. Lo mataron el lunes 26 de febrero cuando al final de su jornada laboral en una clínica, salió, abordó su vehículo, y estando a bordo fue atacado por dos hombres quienes le dispararon hasta acabar con su vida.
Horas más tarde, ya entrada la noche, el aspirante de la oposición, también a la alcaldía de Maravatío, el panista y líder transportista Armando Pérez Luna, fue sorprendido por dos hombres armados quienes desde la motocicleta que tripulaban, le dispararon y le arrebataron la vida.
Se trata de quienes desde el oficialismo y el bloque opositor aspiraban a encabezar el ayuntamiento de Maravatío, un municipio michoacano con menos de 40 mil habitantes de acuerdo al Censo de 2020, y cuya actividad económica principal es la agricultura; los cultivos son particularmente de fresa, pera y granos, maíz, frijol, trigo y sorgo.
Pero el problema para los michoacanos que viven lícitamente y aquellos que aspiran a un cargo público, es que en la región lo que impera no es el Estado de Derecho, sino la fuerza asesina de los cárteles de la droga: la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En realidad, el problema es prácticamente en todo el país, lo que domina la escena social en el año 2024 es la inseguridad y la violencia, producto de un Estado que ha dejado de combatir a los cárteles de la droga y el crimen organizado. Desde Michoacán, en la segunda mitad de 2023 se sintieron los estragos del cobro de piso en todo el país, cuando los agricultores de limón y de aguacate fueron extorsionados, amenazados y les cobraron piso, lo que llevó a esos productos a sobrepasar los 100 pesos por kilo en distintas entidades.
De acuerdo a Data Cívica en la estadística que realizan mes con mes, titulada Votar entre Balas, en un solo mes, del 1 al 31 de enero de 2024 sucedieron 36 eventos relacionados con la violencia criminal en época electoral, entre esos, ocho casos se trataron de asesinaros a precandidatos, militantes, dirigentes de partido.
Hace unas semanas las autoridades de los Estados Unidos sumaron cargos al notorio narcotraficante mexicano Ismael Zambada García, “el Mayo”, a quien ya catalogan dentro del ilícito negocio del fentanilo, que hasta hace algunos meses manejaban los hijos del otro ex liderazgo criminal del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Sin embargo, en México, el Mayo Zambada continúa libre.
Masacres contra jóvenes, ataques a soldados y policías, asesinatos, extorsiones, secuestros, amenazas, cobro de piso, son delitos que en México van al alza, pero cuyo auge no es equiparable con la acción por parte del Estado. La política de los abrazos, no balazos, que ha dominado la escena gubernamental a partir del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha mermado la capacidad del Estado, sus fuerzas armadas y corporaciones, y ha fortalecido a las estructuras criminales de los cárteles que, ante la impunidad, han mantenido un crecimiento evidente en el incremento de la violencia en el país, en cuyos estados enfrentan una insana guerra por territorios para la producción, distribución y trasiego de drogas.
En estas terribles condiciones de inseguridad, incluso para los candidatos de los bloques oficial y opositor, el viernes 1 de marzo de 2024 los tres candidatos a la presidencia de la República, la oficialista Claudia Sheinbaum, la opositora Xóchitl Gálvez, y el emecista Jorge Álvarez, comenzarán su etapa proselitista y recorrido por el país para ganar adeptos y los votos que les de la oportunidad de ganar la elección del 2 de junio.
Habrá que poner especial atención en las propuestas que cada de ellos tenga para combatir la criminalidad organizada y el narcotráfico, y proteger a los agricultores, a los comerciantes, a los estudiantes, a los profesionales y ciudadanos que, ejerciendo un trabajo lícito, caen en las redes de los delincuentes que pretenden quitarles todo, dinero, propiedades, hogar, y vida.
El país sangra en esta guerra criminal, y los candidatos tendrán la oportunidad de recorrerlo para comprobar lo que desde su burbuja política no ven y en Palacio Nacional niegan: el clima de inseguridad y de violencia que llevará a este sexenio a registrar el mayor número de homicidios en la historia reciente del país.
La inseguridad y la violencia opresoras ya se hicieron presentes. En dos meses, enero y febrero, catorce personas relacionadas con partidos políticos y campañas han sido asesinadas; y cientos de efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército, desplazados a zonas en nivel rojo de violencia (a mediados de febrero, a Baja California fueron enviados 2 mil soldados adicionales en un intento por disminuir la comisión de delitos, particularmente el homicidio), sin embargo, es evidente por lo que sucede en Michoacán, en Tamaulipas, en Guerrero, en Jalisco, en Baja California, que las acciones del gobierno federal siguen siendo insuficientes para garantizar un proceso electoral como debe ser, en sana paz.
