El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó el boletín preliminar de Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) 2024, en el que se reportan 818,437 defunciones ocurridas durante 2024 (incluye parte de defunciones registradas posteriormente con fecha de ocurrencia en 2024). Esa cifra representa un incremento del 2.3% respecto a 2023 y sitúa la tasa bruta de mortalidad en 629 defunciones por cada 100,000 habitantes, según el desglose del INEGI. El comunicado oficial incluye además la clasificación por causas y características demográficas de las defunciones.
Del total, casi 9 de cada 10 muertes (89.6%) están relacionadas con enfermedades y problemas de salud crónicos y no transmisibles; las principales causas identificadas son la enfermedad cardíaca, la diabetes mellitus y los tumores malignos. Los fallecimientos por causas externas —accidentes, homicidios y suicidios— constituyen una porción menor del total, aunque siguen siendo indicadores clave para políticas públicas de prevención y seguridad. El INEGI también señala la distribución por sexo y edad, y resalta brechas regionales que apuntan a la heterogeneidad del sistema de salud en el país.
Los especialistas en salud pública interpretan el aumento de la mortalidad como el resultado de factores múltiples: envejecimiento poblacional, persistencia de comorbilidades crónicas, rezagos en prevención y atención primaria, y efectos indirectos de la pandemia de COVID-19 que todavía pudieron influir en servicios y diagnósticos durante la recuperación. Además, la concentración de muertes por enfermedades crónicas evidencia la necesidad de políticas de largo plazo en atención primaria, control de factores de riesgo (obesidad, sedentarismo, tabaquismo) y acceso equitativo a tratamientos.
En el plano de la seguridad, aunque los homicidios no son la principal causa del total de defunciones, su distribución territorial revela zonas donde la violencia tiene impacto palpable en la mortalidad y en la percepción ciudadana. Políticas de salud pública y de seguridad deben articularse para atender tanto los determinantes médicos como los sociales de la mortalidad. El incremento global obliga a evaluar inversiones en infraestructura hospitalaria, capacitación médica y planes de prevención que prioricen enfermedades crónicas y emergentes.
Finalmente, los datos del INEGI son preliminares y sirven para orientar decisiones de política pública; sin embargo, los analistas recomiendan triangulación con registros sanitarios, mortalidad por causas específicas y con estudios demográficos para afinar estrategias. El reto es complejo: bajar la carga de enfermedades crónicas requerirá cambios estructurales en alimentación, educación, acceso a servicios y continuidad en la inversión en salud.
