Los estados de Minnesota e Illinois interpusieron demandas contra la administración federal de Estados Unidos para intentar frenar el despliegue de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y denunciar el uso excesivo de la fuerza por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en medio de crecientes tensiones por operativos migratorios en Mineápolis y Chicago.
En Minnesota, el fiscal general Keith Ellison, junto con los gobiernos de Mineápolis y St. Paul, solicitó ante un tribunal federal una orden de restricción temporal para detener o limitar la operación de agentes federales, tras la muerte de la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good el 7 de enero por disparos de un agente del ICE. Las autoridades estatales sostienen que el amplio despliegue de más de 2 000 agentes del DHS ha generado un clima de miedo y ha violado derechos constitucionales al llevar a cabo detenciones, paradas y cuestionamientos sin las garantías requeridas.
La demanda de Minnesota alega que la operación, descrita por el gobierno federal como un esfuerzo de cumplimiento migratorio, equivale a una “invasión federal” en las ciudades de la región metropolitana y que ha socavado la confianza pública, interferido con el trabajo de las autoridades locales y creado incertidumbre entre los residentes.
Por su parte, Illinois, junto con la ciudad de Chicago, presentó una querella en la que acusa al DHS de emplear fuerza “peligrosa” y tácticas que han generado una clima de temor entre los habitantes, incluyendo el uso de gases lacrimógenos contra civiles y prácticas de control migratorio percibidas como arbitrarias. La demanda busca que un juez prohíba a agencias federales como Customs and Border Protection realizar acciones de aplicación civil de inmigración en el estado y que restrinja tácticas específicas empleadas durante los operativos.
Ambas demandas se presentan en un contexto de protestas y críticas públicas tras la muerte de Renee Good, que también ha motivado manifestaciones ciudadanas y debates sobre las políticas migratorias federales y su ejecución en estados y ciudades con políticas de protección para inmigrantes.
Las autoridades federales han defendido el despliegue de agentes asegurando que actúan para hacer cumplir la ley y proteger la seguridad pública, mientras que los gobiernos estatales sostienen que la presencia de equipos federales no coordinados con las autoridades locales ha generado tensiones adicionales y perturbado la convivencia cotidiana.
