La denuncia se inició en la CDMX, el caso se trasladó a Morelos y ahí la audiencia inicial se ha pospuesto durante un año.
Ale es solo una adolescente, pero usa con naturalidad términos como “revictimizar”, “carpeta de investigación bien integrada” o “plazo legal para presentar pruebas”. La razón es que, apenas a sus 15 años, ya lleva tres en un proceso legal contra su padre adoptivo, al que acusó de abusar sexualmente de ella cuando tenía siete.
Un proceso lleno de obstáculos, donde la audiencia inicial del juicio se pospuso varias veces en el último año y el juez la anuló porque consideró que el acusado no estaba teniendo una defensa adecuada.
Los derechos de un presunto abusador sexual de menores han estado por encima de los derechos de una niña, se quejan Ale y su madre en entrevista virtual desde un lugar que no revelan, porque ante la falta de medidas de restricción al acusado, que las ha agredido y amenazado antes, prefieren ocultarse.
El nombre artístico del presunto abusador es Freddy Potenza, ciudadano argentino residente en México, cantante de tango en lugares como el restaurante La Vid Argentina (de la calle Nuevo León, en la Condesa, en Ciudad de México), e hijo de un reconocido músico de este género.
La audiencia se citó para el 25 de marzo de 2020, pero llegó a México la pandemia de COVID-19, se cerró el juzgado y se pospuso la audiencia, con el presunto abusador ya enterado de que había un proceso en su contra.
Pasaron seis meses de suspensión, y cuando la audiencia para formular la imputación se iba a realizar, volvió a aplazarse, esta vez por falta de asistencia legal del Consulado de la República Argentina en México, a la que tienen derecho sus connacionales
Cuando por fin tuvo lugar la audiencia inicial, sin representante consular, al acusado se le concedieron 144 horas para presentar pruebas. Llegó con 16 elementos de prueba “que no tenían nada que ver”, dice Ale molesta.
Una de esas pruebas eran fotos de Facebook con Ale y Freddy juntos, para mostrar que tenían muy buena relación. Las fotos eran anteriores a 2014, cuando su madre pidió el divorcio después de salir huyendo junto con la niña del departamento en el que vivían porque una noche él la violentó físicamente. El juez descartó que eso fuera una prueba y además le advirtió que era ilegal exhibir fotos de una menor, explica la mamá de Ale.
El juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones de Morelos, con sede en Xochitepec, Ramón Villanueva Uribe, anuló todas y cada una de esas pruebas. De las fotos, le advirtió al acusado que incluso era ilegal exhibir imágenes de una menor, y del resto, le preguntó si entendía que quien lo acusa es la niña y no su madre (que tiene el papel de representante legal porque la víctima es menor de edad).
Sin embargo, la improcedencia de las pruebas presentadas por el acusado, no perjudicaron al presunto agresor; al contrario, el juez consideró que esas pruebas demostraban que el indiciado carecía de una defensa eficaz.
Sin embargo, ahora Ale se siente fuerte y habla sin miedo. Su mayor terapia ha sido buscar justicia. Habla con la convicción de que terminar con el silencio es una causa justa y que debe luchar por ella. Ha leído sobre violencia sexual infantil, ha leído que, de mil denuncias, solo una llega a condena. Ella cree que esa una de mil, puede ser la suya.
