En el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha pedido al próximo gobierno mexicano que adopte una agenda clara y efectiva para erradicar la tortura. El llamado incluye la necesidad de cumplir con la ‘Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles’, aprobada en 2017.
La ONU-DH enfatizó la necesidad urgente de asegurar justicia para las víctimas de tortura, destacando que muy pocas personas han sido condenadas por este delito. Además, se necesita consolidar el Registro Nacional del Delito de Tortura y actualizar el Protocolo Homologado de Investigación del mismo. A pesar de algunos avances, las detenciones arbitrarias y la tortura siguen siendo prácticas generalizadas en México, según un informe del Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU publicado en septiembre pasado.
El Observatorio Contra la Tortura, integrado por organizaciones civiles de derechos humanos, informó que al menos 6,400 personas fueron presuntas víctimas de tortura en 2022. Aunque la ONU-DH reconoció la Estrategia Nacional contra la Tortura de la Secretaría de Gobernación (Segob) en 2023 como un esfuerzo positivo, subrayó que esta estrategia no sustituye la necesidad de una política pública integral para combatir la tortura a nivel nacional.
Adicionalmente, la ONU-DH resaltó que aún falta mucho por hacer en cuanto a la atención y reparación de las víctimas de tortura. La Ley General prevé la creación de programas de rehabilitación para las víctimas, los cuales no han sido implementados ni por la Federación ni por las entidades federativas. Por esta razón, el organismo instó al próximo gobierno, liderado por la futura presidenta Claudia Sheinbaum, así como a otros mandatarios locales y legisladores recién electos, a tomar medidas concretas para frenar este grave delito.
Según la ONU-DH, el inicio de nuevas administraciones y legislaturas ofrece una oportunidad crucial para proteger los derechos de las víctimas y asegurar que nadie sufra tortura o tratos crueles.
