La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de San Luis Potosí ha dado un paso importante en la protección de los derechos de las personas acreedoras alimentarias, al aprobar por unanimidad una reforma que permitirá la inclusión de los deudores alimentarios morosos potosinos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Así lo informó la diputada Cinthia Verónica Segovia Colunga, quien destacó la relevancia de esta medida para garantizar la transparencia y cumplimiento de las obligaciones alimentarias en todo el país.
La reforma, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, establece que este Poder deberá proveer la información de las personas deudoras alimentarias morosas al Sistema DIF Nacional, encargado de administrar el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Según la diputada Segovia Colunga, esta acción permitirá que los nombres de las personas que incumplan con sus obligaciones alimentarias sean conocidos a nivel nacional, lo que puede conllevar diversas consecuencias legales conforme a la normativa vigente.
El nuevo marco legal también contempla la creación de un Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, el cual será gestionado y actualizado conforme a las disposiciones establecidas en el Reglamento Interior. Este padrón deberá ser sistematizado y su información será remitida al registro nacional de manera periódica, asegurando así la actualización constante de datos.
Además, la reforma dispone que la constancia de no deudor alimentario moroso será gratuita cuando sea solicitada por la persona acreedora alimentaria, mientras que en otros casos, se aplicarán cargos conforme a las leyes correspondientes.
En la misma sesión, la Comisión de Justicia también aprobó por unanimidad una iniciativa para reformar los artículos 230 y 231 del Código Penal del Estado, con el objetivo de incrementar las penas por el delito de extorsión, especialmente cuando este sea cometido por ex integrantes de cuerpos de seguridad pública o privada, aumentando las penas de 10 a 15 años de prisión.
Los dictámenes aprobados por la comisión serán presentados ante el Pleno del Congreso del Estado para su discusión y votación final.
