El Congreso del Estado de San Luis Potosí ha reconocido su incapacidad para resolver el conflicto entre las víctimas de violaciones a derechos humanos y la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Itzel Argüelles Moreno, quien enfrenta tres juicios políticos en su contra.
José Luis Fernández Martínez, titular de la Comisión de Gobernación del Congreso, lamentó la situación durante una declaración reciente, destacando la complejidad y la falta de acuerdos alcanzados en mesas de trabajo previas. El legislador mencionó que, pese a los esfuerzos realizados, persisten diferencias significativas que han obstaculizado la resolución del conflicto.
El martes pasado, un nuevo incidente exacerbó la tensión en la sede de la CEDH, cuando Marichuy Almendárez, una de las víctimas y promotora del juicio político contra Argüelles Moreno, fue agredida físicamente por un conductor durante una manifestación frente a las instalaciones de la comisión.
“Realizamos un trabajo previo a la presentación del juicio político. Posteriormente, hubo una convocatoria de la Secretaría de Gobernación para otra mesa de trabajo, pero lamentablemente no hemos logrado llegar a acuerdos. Hay algunos temas que se han atendido”, señaló Fernández Martínez, reconociendo las dificultades para avanzar en el proceso.
El mandato de Giovanna Itzel Argüelles Moreno como titular de la CEDH finaliza en marzo del próximo año, lo cual ha generado presión adicional sobre el legislativo para abordar el proceso de juicio político de manera oportuna. Sin embargo, el legislador admitió que es poco probable que la actual legislatura logre emitir un dictamen final al respecto.
“Aunque probablemente la legislatura pueda determinar la viabilidad y establecer una comisión jurisdiccional, es poco probable que esta legislatura emita un dictamen final sobre el juicio político”, concluyó Fernández Martínez, indicando la incertidumbre sobre el resultado del proceso en curso.
