Juan Ramón Infante Guerrero, miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en San Luis Potosí, renunció a su cargo denunciando actos de corrupción en el propio sistema que busca combatir estas prácticas. Infante, quien es además padre de una de las víctimas del incidente ocurrido en el antro “Rich” en la Plaza Alttus el pasado junio, señaló que su renuncia responde a su negativa de avalar lo que considera un entorno plagado de irregularidades.
En su renuncia, Infante acusó no solo al Comité de Participación Ciudadana y al Comité Coordinador del SEA, sino también a otras instituciones clave, como el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), la Fiscalía Anticorrupción, y la Contraloría General del Estado, de incurrir en omisiones y prácticas cuestionables. Además, mencionó irregularidades en la selección de miembros del SEA y en la Secretaría Ejecutiva del organismo.
Infante vinculó directamente estas fallas con la gestión del caso “Rich”, argumentando que la falta de acción y las omisiones de las instituciones involucradas han impedido el avance de las investigaciones y la justicia para las víctimas. Calificó el sistema como una “simulación” que solo perpetúa la corrupción que supuestamente debería combatir.
La salida de Infante Guerrero ha generado fuertes cuestionamientos sobre la verdadera funcionalidad del Sistema Estatal Anticorrupción y ha avivado la discusión sobre la credibilidad de las instituciones locales en la lucha contra la corrupción en San Luis Potosí.
