Un informe reciente de Human Rights Watch revela que más de medio millón de latinos en Estados Unidos se ven privados del derecho al voto debido a condenas penales. En un país que figura entre los más restrictivos a nivel global en este aspecto, el reporte titulado “Out of Step: US Policy on Voting Rights in Global Perspective” indica que más de 4.4 millones de estadounidenses no pueden votar por haber sido convictos de un delito grave.
El estudio resalta que estas restricciones tienen un impacto desproporcionado en las comunidades latinas y afroamericanas. De cada 100 personas privadas del derecho al voto por convicciones penales, aproximadamente 11 son latinas y 19 son afroamericanas. Esta situación subraya cómo las políticas actuales de EE.UU. perpetúan la discriminación racial y social a través del sistema legal penal.
Alison Leal Parker, directora de Human Rights Watch en EE.UU., afirmó que “el derecho al voto y la legitimidad del sistema democrático no deberían depender del historial penal de una persona”. Parker instó a una reforma urgente de las leyes estatales y federales para restaurar el derecho al voto a los ciudadanos que han cumplido sus condenas.
El informe destaca que, mientras algunos estados han implementado reformas para reintegrar el derecho al voto a ex-convictos, la mayoría de los 48 estados con restricciones vigentes mantienen barreras significativas para el ejercicio pleno de la ciudadanía. En estados como Florida, incluso los menores con convicciones por delitos graves pueden perder permanentemente su derecho al voto.
Nicole D. Porter, portavoz de The Sentencing Project, destacó las recomendaciones del informe para mejorar el acceso al voto en instalaciones correccionales, como se ha implementado en lugares como el condado de Cook (Chicago, Illinois) y el condado de Harris (Houston, Texas).
El debate sobre las políticas de elegibilidad para votar en EE.UU. no solo refleja un desafío legal, sino también ético, en términos de justicia racial y derechos humanos fundamentales.
