El despacho contable, especializado en auditorías, así como los abogados contratados por la actual administración municipal que llevaron a cabo la auditoría externa que fue ordenada por el actual Ayuntamiento que encabeza el presidente Emmanuel Govea Díaz, tienen como propósito entregar el resultado en los próximos días, para que se le dé el trámite legal correspondiente.

El resultado de esa auditoría, que en su oportunidad fue anunciada y luego llevada a cabo, pasará por las instancias jurisdiccionales y, de encontrarse anomalías, como ya se presume como un hecho, será presentada la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado para el consiguiente deslinde de responsabilidades y se actúe en consecuencia, con la aplicación de la justicia, en este caso contra Israel Reyna Rosas y algunos de sus funcionarios.

Lo anterior sin menoscabo del resultado de la revisión de la cuenta pública 2020, enviada a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado y, como se sabe, fue regresada junto con las demás cuentas de los otros 57 municipios, pues los diputados no estuvieron conformes con las observaciones hecha, han considerado y, así lo han hecho saber, que fueron “maquilladas”.

No se debe pasar por alto que en la revisión a las cuentas públicas de los 58 ayuntamientos del ejercicio 2017, la Auditoria Superior del Estado realizó observaciones al de Santa María del Río, gobernado por Israel Reyna Rosas, con un dictamen reprobatorio y tampoco sustentar la cuenta 2016, aun así; logró reelegirse.

Al ayuntamiento de Santa María apenas le revisaron recursos estatales por 10 millones de pesos, de un presupuesto total ejercido de casi 119 millones de pesos. Obtuvo observaciones financieras por 1 millón 707 mil 741 pesos y se le promovieron 3 acciones de responsabilidad administrativa sancionadora. Incumplió leyes, reglamentos y disposiciones, como la ley de obras públicas, servicios relacionados y su reglamento, entre otros.

Sobre lo revisado, 935 mil 300 pesos fueron por conceptos pagados y no ejecutados en una obra donde introdujo alcantarillado sanitario en la segunda etapa, en la comunidad de la Yerbabuena, por lo que se presume un probable daño y perjuicio a la hacienda pública. Se detectaron sobreprecios en otra obra por 607 mil 182 pesos y se comprobó que no aplicaron penas convencionales en la misma obra de alcantarillado por 165 mil 259 pesos.

Pero en su último año de gobierno, los señalamientos de corrupción, desvío de recursos fueron notablemente y recurrentemente señalados. Los tiempos para que presentarm la o las denuncias, luego de dejar el poder, son muy largos, así que no prescriben los delitos, no menos antes de diez años.

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