Pleno respalda penas más severas y reconoce giro en estrategia de seguridad
Por unanimidad, el Senado aprobó el dictamen que crea la Ley General para Combatir la Extorsión, delito que —coincidieron las bancadas— “pone de rodillas” a un número creciente de ciudadanos. El ordenamiento incorpora 15 modificaciones a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, entre ellas el aumento de la pena mínima a 15 años y la máxima a 25, así como la persecución de oficio y la homologación de criterios y procedimientos penales.
CRÍTICAS A LA POLÍTICA ANTERIOR
La Oposición arremetió contra la estrategia de “abrazos, no balazos” impulsada por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero admitió un viraje en el enfoque de seguridad bajo el Gobierno de Claudia Sheinbaum. La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, aplaudió el “golpe de timón” del actual Gobierno en el combate al crimen organizado, tras acusar que la política anterior provocó daños al país y alimentó la impunidad.
En la misma línea, la priista Carolina Viggiano lamentó el crecimiento de la extorsión durante el sexenio pasado y sostuvo que la permisividad derivada de la estrategia anterior propició que organizaciones criminales migraran hacia la extorsión, el secuestro y el robo como principales fuentes de financiamiento.
RESPALDO DE MORENA Y ALIANZAS
Desde Morena, el senador Enrique Inzunza afirmó que el Estado mexicano tiene la oportunidad de demostrar que no tolerará la extorsión en ninguna de sus modalidades. Aseguró que el combate al delito combinará política social y acciones penales “severas e inexorables”, en concordancia con la línea marcada por la Presidenta Sheinbaum.
A su vez, legisladores del Partido Verde, como Luis Alfonso Silva Romo y Waldo Fernández, defendieron que la estrategia previa permitió reducir la pobreza y celebraron que el nuevo marco legal provea una herramienta moderna y unificada para enfrentar la extorsión.
ADVERTENCIAS SOBRE RECURSOS
El PAN, por conducto de la senadora Guadalupe Murguía, expresó preocupación por la falta de recursos para implementar la nueva ley. Señaló que el artículo noveno transitorio impide incrementar el presupuesto regularizable y no autoriza recursos adicionales para 2025, además de recordar el recorte superior a 900 millones de pesos a la Fiscalía General de la República en la Cámara de Diputados. Cuestionó cómo operarán las unidades especializadas y los centros de atención sin financiamiento suficiente.
VOCES DEL PT
La senadora Liz Sánchez, del PT, destacó que la aprobación de la Ley responde al clamor de víctimas que han callado por miedo y viven en permanente estado de angustia. Aseguró que la falta de políticas preventivas y educativas, sumada al desinterés de gobiernos anteriores, dejó a la población en situación de indefensión frente a la expansión de la extorsión.
