Con la reciente aprobación en el Congreso de San Luis Potosí que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación, el siguiente desafío es asegurar que el servicio sea accesible y seguro para todas las mujeres y personas gestantes en el estado. Colectivos feministas y defensoras de derechos humanos advierten que, si bien este avance en el Código Penal es un paso crucial, aún falta consolidar medidas en el sistema de salud y adecuar otras normativas locales.
Nuria Serrano, integrante de la colectiva ILE, destacó que el Congreso ha cumplido parcialmente los mandatos judiciales recientes, que exigían no solo modificar el Código Penal, sino también derogar el artículo 16 de la Constitución local y reformar la Ley de Salud. “La eliminación de la criminalización es solo una parte del fallo. Queda pendiente eliminar el artículo que protege la vida desde la concepción y ajustar la Ley de Salud para crear protocolos adecuados”, señaló Serrano.
Las defensoras subrayan que sin un cambio en la Ley de Salud, los hospitales y clínicas de San Luis Potosí seguirán sin protocolos claros para ofrecer la interrupción del embarazo, limitando el acceso al servicio. Serrano puntualizó que, de no establecerse este procedimiento formal, muchas personas enfrentarán barreras legales y administrativas en los hospitales públicos. “Actualmente, si alguien solicita el servicio en un hospital público, es probable que no se le atienda porque no hay un protocolo establecido. Esto es algo que debemos resolver con urgencia”, afirmó.
Además, los colectivos llaman a implementar campañas de capacitación para el personal de salud y a informar a la población sobre este derecho. Serrano destacó la importancia de que las mujeres y personas gestantes sepan que el aborto en las primeras 12 semanas es legal y accesible en el estado. “Faltan mucha capacitación y promoción estatal para que el servicio sea realmente accesible en todo San Luis Potosí”, dijo.
Organizaciones como la Asociación Civil Nueva Luna seguirán trabajando para que se eliminen barreras y se promueva una cultura de derechos en torno a la salud reproductiva. Las defensoras de derechos aseguran que, sin la adecuación de la Ley de Salud y la reforma constitucional pendiente, el avance legislativo podría no traducirse en un acceso real y efectivo al aborto, dejando la despenalización incompleta.
