El expresidente Donald Trump, durante una serie de mítines la semana pasada, anunció su intención de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, como parte de su plan de deportación masiva de inmigrantes indocumentados. Esta ley, que permite la expulsión de extranjeros sin el debido proceso legal, ha sido empleada en tiempos de guerra, lo que genera preocupación sobre su aplicación en el contexto migratorio.
En un mitin en Aurora, Colorado, Trump presentó imágenes de presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua y afirmó que su plan de deportación se llamará “Operación Aurora”. Esta estrategia, según él, busca detener lo que califica como una “invasión” de migrantes en la frontera sur.
Trump ha sostenido que los inmigrantes son responsables de la delincuencia y les ha atribuido delitos, a pesar de que múltiples estudios contradicen esta afirmación. La Ley de Enemigos Extranjeros fue originalmente diseñada para combatir el espionaje tras la Guerra de Independencia, y su uso en el ámbito migratorio no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos.
La activación de esta ley podría hacerse sin necesidad de aprobación del Congreso, pero su aplicación en la política migratoria es problemática y ha sido cuestionada por expertos en derecho. La legislación ha generado resistencia, incluso dentro del Partido Demócrata, donde algunos congresistas han propuesto revocarla debido a sus implicaciones potencialmente inconstitucionales.
Trump ha intensificado su retórica antiinmigrante, centrándose en la banda Tren de Aragua y asociándola con actividades delictivas en Estados Unidos. Además, el exmandatario ha prometido que, de ser elegido nuevamente, terminará con lo que describe como la “ocupación” del país por inmigrantes indocumentados, a pesar de que estos contribuyen significativamente a la economía y al pago de impuestos.
Durante su primer mandato, Trump implementó una prohibición de ingreso a ciudadanos de países de mayoría musulmana, que fue detenida por la justicia debido a violaciones a derechos civiles. Su propuesta actual plantea nuevas preocupaciones sobre los derechos de los inmigrantes y el respeto a los procedimientos legales.
